Banquillo para tres hermanos por contaminar una finca con escorias de aluminio y venderla para un centro hípico

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid celebra juicio a partir del día 1 de octubre contra tres hermanos, vinculados con una empresa dedicada al tratamiento de escorias de aluminio y fundición de chatarra de coches, bajo la acusación de haber realizado esta actividad sin autorización entre 2006 y 2018, contaminar gravemente la finca utilizada para dicha labor y luego vender la parcela, ocultando su situación, a terceras personas cuyo proyecto era montar en ella un centro hípico.

El banquillo estará compartido por los hermanos José María C, Francisco y María de la Flor, en primero en calidad de administrador de la empresa una vez fallecido el padre en 20026 y los otros dos en la condición de trabajadores de la mercantil, dedicada al tratamiento de escorias de aluminio de primera fusión--procedían de chapas, bloques de motor, chatarra y cárter de automoción--y latas del mismo material, actividad que exigía una autorización al tratarse de materiales potencialmente contaminantes del suelo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Cada uno de ellos está imputado por un delito contra el medio ambiente y otro de estafa y se expone a más de cuatro años de prisión, de ellos tres años y seis meses por el primero de ellos, multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para la profesión que ejercían por espacio de dos años, así como a otros diez meses más de privación de libertad por el segundo. Además, a la mercantil, el fiscal del caso le pide otra multa por importe de 21.900 euros.

La petición de la acusación pública incluye la nulidad de la operación de compraventa de la finca contaminada, sita en Renedo de Esgueva, y la obligación de indemnizar a los compradores de la misma por los perjuicios ocasionados respecto de los gastos asumidos en la contratación de expertos que estudiaron el suelo de la parcela y por la imposibilidad de utilizar la misma para el negocio proyectado.

Durante el juicio, que se prolongará hasta el día 3 de octubre, se analizará la conducta de los tres encausados como responsables de la referida mercantil cuyas instalaciones situadas en Renedo se componían de dos naves, una destinada al almacén de chatarra--constaba de talleres, oficinas, vestuarios y aseos--y la otra destinada al almacenamiento de los productos obtenidos. En la parte trasera, de unos 10.000 metros cuadrados, se encontraba el parque de chatarra para almacenar, directamente sobre el terreno natural, la sobrante no incorporada al proceso de recuperación, especialmente férricos, como chapas o máquinas fuera de uso.

Así, durante 2006 y 2018 la actividad se realizó sin contar con autorización para la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, que el fue denegada a la empresa por resolución de 11 de agosto de 2006 de la Dirección General de Calidad Ambiental, ya que la parte solicitante no garantizaba el cumplimiento de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, resolución que le fue notificada a los interesados el 13 de septiembre de ese mismo año, pese a lo cual no cesaron los citados trabajos e incluso los acusados de dedicaron a enterrar parte de los materiales en distintos puntos de la finca.

Tras el fallecimiento del fundador de la empresa, la propiedad de la finca en cuestión fue transmitida a sus tres hijos ahora acusados y la madre de éstos. Pues bien, la Fiscalía de Valladolid sostiene que los tres hermanos, pese a ser conocedores de la situación de los terrenos, ocultaron deliberadamente el hecho de que estuvieran contaminados a la hora de vender en escritura pública los mismos el 13 de octubre de 2021 a quienes los adquirieron con el propósito de ubicar en ellos un centro hípico.

LOS COMPRADORES DESCUBREN LA CONTAMINACIÓN

Cuando los nuevos compradores comenzaron a acondicionar el terreno para el fin perseguido se percataron de que el terreno presentaba restos de metal dispersos y una sustancia de color negruzco, junto con el afloramiento de un líquido que mezclado con esos materiales desprendía un fuerte olor a amoníaco, hechos que fueron puestos en conocimiento del Puesto de la Guardia Civil de Tudela de Duero.

Fue a partir de entonces, el 19 de noviembre de 2021, cuando efectivos del Seprona comenzaron a inspeccionar la zona y comprobaron que en la parte próxima al lugar donde se había desarrollado la actividad de la empresa no había vegetación y que el suelo tenía un color oscuro y había una sustancia pulverulenta del mismo color y dos sacos rotos con igual material. En un punto donde se había realizado una excavación por las nuevas propietarias se observaron capas de ese material que, mezclado con agua, desprendía un olor a amoníaco. En otros lugar, había maderas y otros residuos, bidones enterrados y en el exterior de las instalaciones cinco bidones con material metálico granulado.

Estos hallazgos llevaron a que el día 3 de febrero de 2022 el Seprona procediera a la toma de muestras para su remisión al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, donde se determinó que las referidas sustancias, con altas concentraciones de metales, eran completamente incompatibles con su vertido a terreno o dominio público hidráulico sin tratamiento previo por un gestor adecuado, lo que podía suponer un grave riesgo para la salud de las personas, en este caso para los trabajadores, caballos y usuarios del futuro centro hípico, o el equilibrio de los ecosistemas.

La acusación pública mantiene que además de la carencia de autorización, la actividad de la empresa de los acusados ha contravenido la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de Castilla y León y la aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre; la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos; la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y la posterior que la derogó, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

Como consecuencia de la contaminación detectada en la parcela, la misma no puede ser utilizada por las nuevas propietarias y es preciso acometer una fase de recuperación del suelo que permita minimizar las concentraciones de metales en el suelo y aguas subterráneas hasta niveles que no supongan un riesgo para la salud humana y los ecosistemas, trabajos que se han presupuestado en 3.805.479 euros.