Barcones coordinará el grupo sobre municipios de población reducida para la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local

Barcones y Castellanos, en Valladolid.
DELEG. GOBIERNO.
Publicado 10/09/2018 18:52:32CET

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, coordinará el grupo de trabajo que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública creará con el fin de que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local contemple de forma expresa las singularidades de los municipios de población reducida.

Este será uno de los cinco grupos de trabajo que analizarán las posibles reformas que se introduzcan en esta Ley para adecuarla a la realidad actual de las entidades locales españolas. El Ministerio ha valorado la trayectoria profesional (es secretaria-interventora de Ayuntamiento) y política de la delegada, una persona muy vinculada e implicada con los municipios de población reducida, para encomendarle esta tarea.

Barcones ha aceptado y agradecido el ofrecimiento por ser "consciente de que la legislación actual no recoge las peculiaridades de los municipios de población reducida".

Según la delegada, "es fundamental que, por primera vez, la Ley de Bases de Régimen Local asuma y regule de forma específica el ejercicio de la actividad de las entidades locales con menos población porque no pueden funcionar con las mismas prerrogativas que las más grandes. El objetivo es garantizar la pervivencia de estos municipios que son la inmensa mayoría de los más de 2.200 de Castilla y León". Además, en esta comunidad autónoma se ubica más del 25% de los municipios de España.

La coordinación de este grupo de expertos es una petición expresa que le ha realizado esta mañana la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Llanos Castellanos, quien ha celebrado en Valladolid una reunión de trabajo con la delegada del Gobierno para conocer de primera mano los problemas y necesidades de los servicios periféricos de la Administración General del Estado (AGE) en esta comunidad autónoma.

Castellanos ha indicado que "para acometer esta reforma, que se hará con total transparencia y diálogo con las instituciones implicadas, tenemos que situar en su justo punto las posibilidades actuales de funcionamiento de nuestras entidades locales para garantizar un régimen jurídico riguroso, eficaz y duradero".

NECESIDADES DE LA AGE

La secretaria general inicia con la de hoy una serie de reuniones que va a mantener con los representantes del Gobierno de España en todas las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía con el fin de ampliar el marco de coordinación de la política territorial de los diferentes ministerios con las delegaciones del Gobierno y mejorar las fórmulas de colaboración del Estado con las comunidades autónomas y con las entidades locales.

La delegada del Gobierno en Castilla y León le ha explicado que el principal problema de muchos de los servicios de la Administración General del Estado en las provincias castellanas y leonesas es la falta de personal toda vez que "no ha habido reposición de empleados públicos en los últimos años".

La secretaria general busca con estas reuniones recabar datos para una correcta organización y gestión de la política de recursos humanos que pasa por "una reestructuración razonable de las relaciones de puestos de trabajo, con las modificaciones necesarias en la oferta de empleo público".

También se ha señalado en el transcurso de la reunión que es fundamental "la cobertura de los puestos de trabajo creados en los servicios periféricos" porque, tal y como ha apuntado la delegada, "muchas veces nos resulta difícil que sea atractivo para los empleados públicos cubrir un puesto que se oferta en el ámbito rural".

En el transcurso de esta reunión se ha señalado también que es necesario potenciar la comunicación y el intercambio de información entre las delegaciones del Gobierno y los distintos ministerios para conseguir una mayor unidad de la acción del Estado y una mejor difusión de las políticas del Gobierno de España en los territorios.