La Cámara de la Propiedad de Valladolid alerta de que los decretos reducen la oferta y desprotegen al propietario

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid ha advertido de que los nuevos decretos aprobados por el Gobierno en materia de vivienda desprotegen al propietario y pueden reducir la oferta, desincentivar la inversión y tensionar todavía más el mercado del alquiler.

Por ello, la entidad ha recomendado a sus más de 5.000 socios extremar la cautela y evitar la firma de nuevos contratos de arrendamiento hasta el próximo lunes, a la espera de conocer con precisión el alcance y las condiciones de entrada en vigor del nuevo marco normativo.

La entidad, a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que estas decisiones se suman a una serie de modificaciones normativas adoptadas en los últimos años que han ido alterando las condiciones del mercado y reduciendo la seguridad jurídica de los arrendadores. Asimismo, ha criticado que se vuelvan a modificar las reglas de juego una vez firmados los contratos y ha insistido en que el coste económico de las políticas sociales de vivienda no puede recaer de manera recurrente sobre el propietario sin ningún tipo de compensación.

En este sentido, la organización ha señalado que la falta de seguridad jurídica provoca un menor incentivo para mantener las viviendas en el mercado o realizar nuevas inversiones, lo que termina perjudicando también al inquilino al reducir la oferta disponible, aumentar la competencia y endurecer los requisitos de acceso.

Además, ha mostrado su preocupación por las limitaciones en la actualización de las rentas frente a la inflación y por la creciente regulación de modalidades como el alquiler de temporada o por habitaciones, al considerar que restringir estas alternativas sin generar nueva oferta traslada el problema de un segmento a otro.

NO GRAVAR AL PEQUEÑO PROPIETARIO

Por otro lado, la Cámara de la Propiedad Urbana ha recordado que la realidad del sector en Valladolid es diversa, dado que aproximadamente el 94 por ciento de los arrendadores son pequeños propietarios que han invertido como forma de ahorro o patrimonio familiar. Por este motivo, ha defendido que no resulta adecuado aplicar las mismas soluciones a un pequeño propietario que a un gran fondo de inversión, ya que su capacidad económica y exposición al riesgo son muy diferentes.

Finalmente, la entidad ha afirmado que el problema fundamental del mercado sigue siendo la falta de oferta de vivienda y que las medidas adoptadas no afrontan las causas de este déficit. Para resolver esta situación, ha abogado por favorecer la construcción, impulsar la rehabilitación y garantizar un marco jurídico estable, al tiempo que ha reclamado un pacto de Estado en materia de vivienda que implique a las administraciones y establezca reglas duraderas para propietarios e inquilinos.