REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha hecho hincapié en que la presunción de inocencia debe incluirse en "cualquier crítica a la función pública" y siempre que "supuestamente a alguien se le atribuye la" comisión de un delito, como en el caso de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá. Catalá ha recomendado "esperar" a que haya un proceso judicial "suficientemente acreditado" antes de sacar conclusiones.
El responsable en funciones de la cartera de Justicia ha participado este viernes en un encuentro organizado por Nuevas Generaciones del Partido Popular de Castilla y León, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), donde ha criticado que quienes sacan conclusiones precipitadas lo hacen "curiosamente cuando son de unos partidos", mientras que cuando son relativos a otros, no lo hacen "tanto".
En ese sentido, Catalá ha indicado que "ha habido" presidentes del PSOE que dimitieron cuando el Tribunal Supremo llevó a cabo la petición de suplicatorio como consecuencia de una investigación y "eso no ha sucedido todavía en el caso de Rita Barberá".
Por otro lado, Rafael Catalá ha recordado que los programas electorales presentados por el PP a las Elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016 y también el acuerdo alcanzado con Ciudadanos incluían el compromiso de revisar el sistema de aforamientos.
Así, ha argumentado que la garantía de igualdad para todos los ciudadanos es "uno de los principios de nuestro sistema jurídico" y, por eso, ha mostrado su disposición a "eliminar de la percepción social" que el hecho de pertenecer a determinadas instituciones, "como los parlamentos o los gobiernos autonómicos" sea una ventaja.
De hecho, Catalá ha manifestado que esa revisión se podrá abordar en cuanto "haya una investidura eficaz".
Además, el ministro de Justicia en funciones, ha recalcado que la reforma del Código Penal aplicada en 2015 ha fortalecido la tipificación de delitos de incitación al odio y la utilización de las redes sociales para cometer delitos de injurias, calumnias o enaltecimiento del terrorismo de manera "suficiente". No obstante, Catalá ha concedido que, a partir de ahí, deben actuar la Fiscalía y los tribunales y que, en caso de que se detecte alguna disfunción se actuaría "en el futuro, con toda seguridad".
