Los profesionales de Sacyl. entre los peor pagados, según CCOO

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado públicamente que los profesionales de Sacyl se encuentran entre los peor pagados de todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha reclamado alcanzar la convergencia salarial con la media de las tres comunidades autónomas con mejores retribuciones.

La organización ha puesto en marcha una campaña de difusión sobre estas desigualdades bajo el lema '¡Mismo trabajo, mismo salario!' y ha puesto a disposición de los trabajadores un QR que permite comparar la retribución que se percibe en Castilla y León con respecto a otras comunidades autónomas.

Así lo han explicado la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León, Ana Rosa Arribas, junto al secretario de Acción Sindical de la Federación, Héctor González, y el secretario técnico de Acción Sindical Alejandro Miguélez.

González ha incidido en que la campaña nace de una "injusticia histórica" que se resume en el lema de la misma y ha asegurado que no puede haber profesionales "de primera y de segunda" dentro del Sistema Nacional de Salud. "La Junta de Castilla y León mantiene a los profesionales de Sacyl entre los peor pagados de toda España", ha afirmado.

El sindicato ha realizado un análisis comparativo detallado de los 17 servicios de salud españoles y ha detectado una falta de convergencia salarial que considera "insostenible e injustificable".

A LA COLA

El responsable sindical ha señalado que Castilla y León aparece "reiteradamente" en las posiciones "de cola" y cinco grupos profesionales están directamente en los últimos puestos, con una "brecha" que "castiga especialmente" a colectivos vulnerables y esenciales.

En concreto, ha explicado que las categorías C1 y C2 de personal sanitario, que incluyen técnicos superiores sanitarios y técnicos en cuidados de enfermería, se encuentran en la última posición del ránking, igual que el grupo E, en el que se encuentran categorías muy mayoritarias como celador y operario de servicios o de oficios, algo que se repite entre el personal no sanitario que trabaja en Sacyl como los administrativos, técnicos en restauración, alojamiento o informática, que se sitúan en el puesto 16. En el 15 se encuentran otros como la categoría C2 que aglutina, por ejemplo, a auxiliares administrativos.

En esta línea, Alejandro Miguélez ha apuntado que el estudio refleja una situación "sangrante", con un impacto anual que supone que categorías como la A2, con personal tan importante como enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y trabajadores sociales, llegue a 10.800 euros y en el C1 también es cerca de 10.000 euros anuales con respecto a las tres comunidades en las que mejor se paga (País Vasco y Navarra y, en tercer lugar, Región de Murcia o Baleares, dependiendo de categoría).

La diferencia es de 8.700 euro en el C2 y de casi 8.000 en el grupo E, lo que se ve agravado por ser las categorías profesionales dentro del sistema con salarios más bajos, por lo que proporcionalmente las diferencias son "muchísimo más grandes".

Además, si se analizan los casos más desfavorables teniendo en cuenta conceptos retributivos de antigüedad y carreras profesionales de hasta 25 años, la diferencia salarial llega hasta los 14.000 euros como ocurre en el caso de enfermería. "Consideramos que es una pérdida masiva de poder adquisitivo acumulado que es intolerable", ha aseverado.

Esto si se compara con las mejores pagadas, pero lo que Miguélez considera además "no menos doloroso" es la comparativa con la media del SNS, donde se vuelve a estar en "números rojos", con diferencias mensuales que van desde los 100 euros de pérdida de los licenciados especialistas hasta los casi 400 del grupo C1 del personal sanitario, con una "sangría" que continua entre los no sanitarios con diferencias de hasta más de 250 euros de celadores y operarios.

FUGA A OTRAS CCAA

Esta situación, ha explicado Ana Rosa Arribas, supone que haya una "fuga de profesionales", que no quieren trabajar en una Comunidad en la que se eleva la "pluripatología" y hay un mayor envejecimiento, que supone mucha presión asistencial, cuando hay una discriminación con respecto incluso a comunidades limítrofes, que permiten gozar de privilegios como vivir en una zona más barata con un salario que casi se dobla, como puede ocurrir en zonas de Burgos.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el hecho de que sólo se han adjudicado 221 de las 552 plazas del programa de fidelización, y eso que supone incentivos, pero también la dificultad para cubrir las plazas de residentes en algunas provincias de Castilla y León, algo de lo que ha aclarado que no se puede culpar al Ministerio, que eleva estas plazas desde hace años. A todo ello se suma el hecho de que en otras comunidades haya un plus de residencia que se reclama desde hace mucho tiempo en la Comunidad y no se quiere negociar.

Arribas ha añadido que esta situación también se traduce en mayor inestabilidad de plantillas porque hay personal que aunque trabaja en Castilla y León al final busca otros "nichos" donde el salario sea mayor, lo que redunda en una mayor carga laboral.

Ante esta situación, la responsable sindical ha asegurado que si se quiere hacer una sanidad "más cercana, moderna y más potente" como ha señalado que ha dicho el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, se tiene que hacer con profesionales porque "el valor de la sanidad pública solamente está en el valor humano y en el valor tecnológico".

A este respecto, considera que "si no se invierte, no se podrá conseguir", por lo que ha reclamado que al menos la Junta se siente a negociar estas retribuciones para que se acerquen a la media de las tres comunidades mejores del Sistema y así recuperar profesionales y la calidad en el sistema público. Ana Rosa Arribas ha agregado que esto se consigue con el aumento de la carta fiscal y no con rebajas de impuestos.

Los responsables sindicales han recordado que en Castilla y León hay unos 40.000 profesionales que trabajan en Sanidad, lo que es alrededor de un 40 por ciento del total del personal de la Junta, pero además es un sector muy feminizado, con cera del 80 por ciento de mujeres.