CCOO cifra en 100 millones la inversión para la educación presencial todo el curso

VALLADOLID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que ponga en marcha una serie de "medidas estructurales y bien planificadas" de carácter educativo y organizativo que garanticen la educación presencial a lo largo de todo el curso 2020-2021, el principal objetivo del sindicato que ha acusado al Gobierno autonómico de ir "en la dirección contraria" con medidas que llegan tarde "y poco confiada en sus propias capacidades".

"Hay demasiadas incertidumbres y puertas abiertas", ha advertido Vicente Andrés quien, tras reiterar la necesidad de poner en marcha "medidas potentes para una presencialidad segura", ha pedido que los próximos presupuestos autonómicos contemplen un aumento del gasto educativo hasta situarlo en un 4 por ciento del PIB, frente al 2,86 por ciento que representa en la actualidad, inferior, asimismo, al 3,23 por ciento que alcanzó en 2009.

"No se puede garantizar la presencialidad de coste cero", ha argumentado el secretario regional de CCOO que cifra en más de 100 millones de euros la inversión que necesita Castilla y León para garantizar la 'vuelta al cole' "segura" y la "presencialidad durante todo el curso" con la advertencia de que la educación online es "la alternativa menos deseable" porque no garantiza la igualdad.

"No podemos permitir que se siga incrementando la brecha, no solo digital, sino socioeconómica", ha advertido ante la posibilidad de que un goteo de cierre de centros obligue a "una educación confinada", en palabras de la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO, Elena Calderón García, que ha reclamado 53,56 millones de euros para la contratación de los 1.707 docentes que se necesitarían para cumplir con el acuerdo de fijar una ratio de 20 alumnos en todas las enseñanzas, salvo infantil donde se rebaja a 15.

En este punto, ha recordado que la Junta de Castillas y León ha anunciado la contratación de 600 docentes para la enseñanza pública, principalmente para primaria e infantil, si bien ha aclarado que no se ha negociado con el sindicato que desconoce además el cálculo para llegar a esa cifra o los datos de reparto de los profesores.

Otros 36,96 millones serían para llevar a cabo un Plan Renove en los centros educativos, 5,33 millones para instalar equipo informático nuevo, 2,40 millones para formación del profesorado y 1,52 millones para un Plan Renove informático, a lo que habría que añadir un Plan de Compensación Educativa limpieza o nube educativa, entre otros, por cuantificar por falta de datos, ha lamentado.

Según los cálculos de CC.OO, para que haya un ordenador por docente se necesitarían 10.679 equipos nuevos que, con un precio aproximado de 500 euros por equipo, supondrían 5,33 millones. En cuanto a la renovación de los 15.255 equipos existentes calculan que unos 100 euros por unidad para modernizarlos y una inversión total de 1,52 millones.

Elena Calderón ha aclarado que la Federación de Enseñanza no hace objeciones a las medidas sanitarias pero ha advertido de que no va a tolerar que no se hable claro sobre las medidas educativas y organizativas lo que ha llevado al sindicato a no firmar las bases del acuerdo "in extremis" para mejorar las condiciones laborales de los docentes durante el nuevo curso que sí han rubricado Csif, Stecyl, Anpe y UGT.

"No es realista, no representa a los trabajadores de la enseñanza, es un lavado de imagen de la Consejería", ha asegurado Calderón que ha explicado que la mayor parte de las medidas de ese acuerdo son de obligado cumplimiento para ajustarse a los protocolos ya establecidos o bien llegan tarde.

Así, ha recordado que CCOO reclama desde el pasado mes de abril analizar los distintos escenarios posibles para afrontar el nuevo curso con "la mejor solución" y ha lamentado que se haya llegado a una situación en la que se están buscando espacios, como bibliotecas, y reorganizando aulas y con casos de turnos de "tarde y noche".

Finalmente, ha pedido "mayor flexibilidad" para retrasar el inicio del curso en aquellos centros que no puedan cumplir los criterios establecidos para poder garantizar la seguridad de los alumnos y de los profesores y ha cargado contra algunas medidas como eliminar las asignaturas optativas para no ocupar más espacios. "¿A estas alturas?", se ha preguntado en tono irónico ante el inicio del curso dentro de dos días.