CCOO pide al Procurador del Común que la Junta suba la concertación de la Dependencia y repercuta en los trabajadores

VALLADOLID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León (FSS-CCOO CyL) ha pedido al Procurador del Común que intervenga ante el Gobierno de la Comunidad y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y, al igual que otras administraciones autonómicas, incremente los precios de la concertación del sector de la Dependencia y esto suponga un aumento salarial de las trabajadoras del sector, altamente feminizado.

El sindicato ha dirigido un escrito al Procurador del Común en el que describe la "grave" situación en la que se encuentra el sector sociosanitario, con "paupérrimas" condiciones laborales, con un convenio en ultraactividad, salarios base por debajo de SMI en el 85 por ciento de los trabajadores y sin un incremento del IPC como establece el convenio estatal, que los sindicatos llevarán a la Audiencia Nacional.

Así lo han señalado en rueda de prensa los responsables de la Secretaría de Negociación Colectiva, Sectores Privados y Elecciones Sindicales de la Federación Luis Francisco Álvarez Agudo, Fátima Avedillo Carretero y Sergio Nicolás Díez del Rey.

El sindicato pide la intervención del Procurador, dado el "vacío de poder" existente en Castilla y León, con una Junta sin responsable de la Consejería de Familia y porque la institución es "perfecta conocedora" de la realidad de diferentes resoluciones que ha elaborado durante la pandemia.

Pero además, Luis Francisco Álvarez ha apuntado que no quieren que Castilla y León quede "rezagada" en avance que produciendo en otras comunidades y quieren que se regulen los precios de concertación, el incremento necesario tenga repercusión "directa" también sobre salario de trabajadores y se de cumplimiento al convenio.

El documento remitido al Procurador se basa en las resoluciones de la propia institución, en los criterios que determina la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las propuestas que desde CCOO se han realizado al nuevo proyecto de Ley Residencial y en los acuerdos sobre el incremento de la financiación para la Dependencia alcanzados en el Diálogo Social con el Ministerio de Sanidad.

En este escrito, registrado este lunes, 28 de marzo, se solicita al Procurador del Común que intervenga ante el Gobierno de Castilla y León, en concreto frente a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para que actúe de la misma forma en que lo están haciendo otras administraciones autonómicas.

AUMENTO SALARIAL

Se pretende con ello que se regule un incremento de los precios de la concertación actual para que se refleje íntegramente en ellos la necesaria subida salarial a las personas trabajadoras del sector residencial de Castilla y León, que cuenta con 700 residencias, cerca de 50.000 plazas de residentes (75 por ciento en centros privados o de gestión privada), con dos tercios de las mismas en centros con ánimo de lucro propiedad de grandes grupos empresariales y el 90 por ciento de ellas concertadas o con prestación vinculada al servicio, según el sindicato.

Los responsables sindicales, quienes han señalado la mejor atención con más recursos humanos en las residencias públicas que en las privadas en un sector que la Junta ha "externalizado", han incidido en que en 2021 se aprobó dentro del Diálogo Social un incremento por parte de la Junta tanto del número de plazas como de un incremento en su precio de un 10 por ciento y actualmente el coste medio por plaza para el residente es de 1.650 euros mensuales en un sector en continuo crecimiento y con rentabilidades por ejercicio contable del 5 por ciento.

Sin embargo, el sindicato considera que la situación de las trabajadoras de las residencias privadas de personas mayores, unas 25.000 en Castilla y León, es muy precaria, con un convenio estatal en ultraactividad desde 2019, salarios congelados en los dos últimos años y sólo un aumento del 0,8 por ciento en 2019.

Además, en las categorías de los grupos 4 y 5 (gerocultoras, personal de limpieza, cocina, etcétera) su salario base está actualmente por debajo de los 1.000 euros del SMI, cuando suponen el 85 por ciento de las plantillas mientras las platronales, entre ellas Acalerte y Lares Castilla y León, se niegan a firmar la subida salarial fijada en el convenio del 6,5 por ciento, cuando sí se ha trasladado a las facturas que pasan a los residentes este incremento.

CCOO ha censurado que, a pesar de estar en primera línea durante la pandemia y combatido junto a los residentes los efectos de la Covid-19 con escasos medios de protección, apenas han visto valorada y reconocida su labor y sus condiciones laborales se han visto mermadas notablemente, se han modificado sus turnos y sus horarios de trabajo al objeto de atender correctamente a las personas usuarias.

Precisamente consideran que el coronavirus ha demostrado la debilidad del sector de la Dependencia, que además en Castilla y León cuenta con un decreto que regula el sector desde el año 2001, con una ratio de personal desfasada, que ni siquiera recoge a los dependientes de grado III o personal mínimo de limpieza y servicios generales, ya que dicho decreto se iba a sustituir por otros dos que fueron declarados nulos por los tribunales.