Archivo - Máquina de la ORA de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo
VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
CCOO y UGT han criticado la pérdida de plantilla, la merma salarial y un deterioro del servicio en Dornier, la empresa concesionaria de la ORA en Valladolid, al tiempo que han criticado que el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, rehúse mantener una reunión con el Comité de Empresa.
Ambos sindicatos, que componen el Comité, han explicado que han aceptado en el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) un incremento salarial del 2 por ciento para 2025, algo que consideran "insuficiente" sin que el concejal haya accedido a reunirse con ellos, lo que a su juicio "dificulta" el diálogo y la "supervisión" del cumplimiento del contrato de la ORA.
UGT y CCOO, en un comunicado recogido por Europa Press, han asegurado que la plantilla ha perdido un 9,2 por ciento de poder adquisitivo respecto al IPC real entre 2017 y 2024 y, mientras se "sufren" estas pérdidas, el servicio de la ORA se ha ampliado.
En concreto, han afirmado que el aumento del 25,32 por ciento en el precio del contrato que Dornier ha recibido en el mismo periodo debido a la expansión de plazas de la ORA en la ciudad contrasta con la reducción de plantilla.
Así, han apuntado que el pliego obligaba a contratar más personal para cubrir la ampliación, pero la plantilla ha descendido de 94 personas (63 a jornada completa) a 79 (49 a jornada completa) pese a que se gestionan 1.731 plazas ORA adicionales.
Los sindicatos han destacado que esta situación "compromete" tanto la calidad del servicio como la conciliación laboral del personal, ya que "condiciona" la organización de su jornada anual.
UGT y CCOO han recordado que se trata de un conflicto abierto que ha sido denunciado en dos ocasiones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), cuyos criterios "dispares" obligan ahora a los sindicatos a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.
Para las organizaciones sindicales, la reducción de plantilla y la insuficiencia salarial evidencian la necesidad de un control "más riguroso" sobre la ejecución de contratos públicos y de "medidas efectivas que protejan las condiciones laborales de las personas trabajadoras".