VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
UGT y CCOO han presentado en el Parlamento Europeo una propuesta para que la Unión Europea regule de forma "obligatoria" supuestos de deslocalización de la producción por empresas en zonas geográficas económicamente sensibles.
Ambas centrales sindicales señalan, a través de un comunicado, que su objetivo siempre ha sido "salvar la producción industrial y agroalimentaria en el ámbito rural" para poner como ejemplo de esta "lucha" casos como Fontaneda, Bimbo, Norma, Vestas o Lauki.
"Hasta ahora, la regulación de los casos es voluntaria, pero es necesario que sea obligatoria", añaden. De ahí que, recuerdan, "ante la preocupación por el riesgo de cierres del medio rural", propusieran en su día la creación de la Fundación Anclaje "como herramienta que permitiera buscar una solución a la deslocalización".
También suscribieron un protocolo de actuación, "consensuado" con la CEOE y la Junta, que también ha dado "buen resultado en las empresas evitando no solo varios cierres, sino que, a fecha de hoy, 20 años después, sigan abiertas y en plena producción".
"De hecho, la Fundación Anclaje se ha vuelto a activar hace tan solo unos días con el conflicto de Azucarera, aunque si bien en la segunda reunión la empresa declinó la invitación, el resto de las partes implicadas acordaron, de manera unánime, aprobar la propuesta defendida desde UGT y CCOO que pasa, básicamente, por la defensa del sector azucarero y remolachero y el rechazo al cierre de la fábrica de La Bañeza", continúa el sindicato.
Ambos sindicatos cuentan con una "amplia experiencia" en la protección de las zonas más vulnerables, por lo que ahora aseguran sentirse "avalados para instar a Europa a que se articule una ley que obligue a los deslocalizadores a dar continuidad a las instalaciones en las que pretendan dejar de producir".
Aunque, hasta el momento, a través de la Fundación Anclaje ese compromiso es "voluntario", UGT y CCOO quieren que sea "obligatorio para lo que es imprescindible una regulación por ley".
Este análisis es lo que ha propiciado que ambas centrales sindicales presenten en el Parlamento Europeo la propuesta para la regulación, por la Unión Europea, de supuestos de deslocalización de la producción por empresas en zonas geográficas económicamente sensibles.