Cientos de personas rechazan ante las Cortes el decreto sobre el operativo de incendios, una "mentira" sin mejoras

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, unas 300 según fuentes policiales, han manifestado su rechazo ante las Cortes al decreto ley sobre el operativo de incendios presentado por la Junta de Castilla y León, que consideran una "mentira" que no mejora ni el dispositivo ni las condiciones de los trabajadores y un "parche" de cara a las próximas elecciones autonómicas del mes de marzo.

   Así lo han expresado los responsables de CSIF, CCOO, UGT, CGT y la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (Apamcyl-USCAL), que han convocado la protesta en unidad de acción frente al Parlamento autonómico con motivo de la votación del decreto ley que modifica el operativo contra incendios en la Comunidad, que finalmente no se ha convalidado tras los votos en contra de toda la oposición en bloque frente al apoyo del PP y los dos procuradores no adscritos, por lo que la normativa ha decaído.

   Los manifestantes, entre ellos agentes medioambientales y bomberos forestales, han lanzado petardos y han tocado bocinas durante la concentración, cuyo sonido sólo se ha visto interrumpido cuando se ha guardado silencio para recordar a los fallecidos en los incendios ocurridos este verano.

   Además de pancartas con las que han reclamado un operativo "100% público" y en las que se podía leer "agentes medioambientales en lucha", han colocado en unos palos ropas con los que han simulado a tres personas con las caretas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, a los que han exigido la dimisión.

   En este marco, el responsable de Medio Ambiente de CSIF Castilla y León, Agustín Argulo, ha censurado el "engaño" al que ha afirmado que quiere someter la Junta a los ciudadanos porque considera que el decreto es una "mentira" y mientras el Ejecutivo asegura que va a mejorar las condiciones del personal del operativo "no es cierto".

   "Los bomberos forestales, los que están en primera línea de fuego, los que se queman las pestañas, los que sufren la situación de estos incendios forestales no se ven mejorados por este decreto ley", ha asegurado el responsable de CSIF.

   Asimismo, ha explicado que el decreto tampoco asegura la exigencia de que el operativo sea "cien por cien" público y prestado por empleados públicos sin otros intereses como pueden tener las empresas, que siempre están "marcadas por un beneficio" ya sean totalmente privadas o públicas.

   De la misma forma, Argulo ha advertido de que el operativo no tendrá "un efectivo más" con el decreto, por lo que el próximo año, cuando se puedan volver a enfrentar a situaciones como las de este año, con vivida este año, con un montón de pueblos desalojados, con casas quemadas e incluso haber tenido que sufrir la pérdida de vidas humanas, se estará en la misma situación porque mantiene los 4.700 efectivos que anuncia el consejero "todos los años".

"IMPOSICIÓN" FRENTE A LA NEGOCIACIÓN

   Argulo ha incidido en que todos los sindicatos que han convocado la protesta han estado en "una negociación" que ha sido una "imposición" porque varias veces se les ha repetido "esto son lentejas si quieres las comes y si no las dejas", cuando lo que hay que hacer es "llegar a acuerdos" y cumplir las leyes básicas de bomberos forestales y agentes medioambientales para reconocer la categoría a todo el personal.

    Por su parte, el vicesecretario de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha coincidido en señalar el "engaño" que supone el decreto ley porque la Junta afirma que se promueve un cambio de modelo, cuando si se producen las circunstancias de este verano "el resultado va a ser exactamente lo mismo", ya que "no se mejora absolutamente nada".

   Arenas cree que la norma es únicamente "un parche" que intentan poner para "tranquilizar" a la sociedad ante las próximas elecciones autonómicas del mes de marzo y "calmar los ánimos".

   El responsable de UGT ha abogado por un operativo que tenga las tes "P", es decir, que sea público "estrictamente", profesional y debidamente formado y permanente, "al cien por cieno, doce meses, todos los días del año", además del establecimiento de un sistema de emergencias global.

   "No es esto lo que buscamos ni lo que queremos", ha añadido Arenas, quien ha expresado la esperanza de que la Junta "rectifique" y haga las modificaciones necesarias para que el modelo sea el adecuado, los trabajadores tengan una "dignificación" y profesionalización de sus condiciones laborales.

   En la misma línea, el coordinador de Sector Autonómico de Comisiones Obreras, Juan Carlos Hernández, ha apuntado que es "evidente" el "engaño" con unas propuestas que no mejoran "absolutamente nada" el operativo, sin aumentar ni una persona más el mismo. "Simplemente cambian los cromos de empresas privadas a empresas públicas o semipúblicas, pero con unas condiciones laborales que no son condiciones de empleados públicos", ha advertido.

   Por el contrario, lo que ha asegurado que se hace es cumplir los acuerdos previos del Diálogo Social como aumentar el periodo de tiempo al personal fijo discontinuo o se implanta un nuevo complemento específico al personal por la actuación ante los incendios, cuando las cuantías altas lo va a cobrar "quien no ve los incendios nada más que de lejos".

"MIGAJAS" PARA EL RESTO

   Sin embargo, ha afirmado que "quien se está quemando las cejas, quien se quema las botas, quien se juega la salud y muchas veces por desgracia la vida, esos van a cobrar unas migajas".

   Hernández ha aseverado que todas las medidas "no son más que un trampantojo" ante las elecciones autonómicas que se celebrarán en el mes de marzo y ha advertido que si los cinco sindicatos que están en la mesa de negociación están de acuerdo y no se dejan "embaucar" por unas medidas "falsas y engañosas" de la Junta, "por algo será".

   Además, el representante de CGT, Alberto García Sanz, tras destacar el objetivo "común" de los cinco sindicatos, ha incidido en el que el decreto afecta tanto a personal laboral como a funcionario, unos empleados públicos a los que "no reconoce" la Junta, que "no quiere" que desempeñen las funciones de bombero forestal ni que el servicio sea público.

   Por lo que se refiere al personal laboral, García Sanz ha recordado que se firmó un convenio colectivo en julio de 2023 que tendría que haber hecho efectivas todas las modificaciones que afectan al operativo de prevención y extinción de incendios a 1 de enero de 2025, pero no se ha cumplido.

   "¿Cómo vamos a creer a la administración todas las propuestas que nos quiere hacer si no cumplen los acuerdos firmados?", se ha preguntado, tras lo que ha advertido a Alfonso Fernández Mañueco que "la prevención de hoy es la seguridad del mañana", pero no se tiene "ni prevención ni seguridad".

    Por otra parte, Esaú Escolar, de Apamcyl, ha criticado el "nuevo ataque" al colectivo de agentes medioambientales con la planificación de la Junta de incorporar a 97 técnicos desplazados en las comarcas "como una medida estrella para atajar los incendios forestales", un "ataque frontal" cuando este cuerpo tiene "una sobrada preparación con titulados superiores".

   Sin embargo la Consejería lo que pretende es llevar a cabo esta incorporación de nuevos funcionarios con un gasto de 6,5 millones de euros y "lo único que pretenden es solapar con una pseudo jerarquización del colectivo" y no dejar la autonomía propia que como policía medioambiental tiene este colectivo de acuerdo con la ley.