Archivo - Integrantes de un equipo de gimnasia rítmica. Foto archivo - Gian Mattia D\'alberto/LaPresse / DPA - Archivo
VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
Los clubes que denunciaron un amaño en las últimas elecciones celebradas en la Federación de Gimnasia de Castilla y León que facilitaron la renovación en el cargo de presidente de José Herrero, algo que el propio Tribunal del Deporte de la Comunidad, dependiente de la Junta, considera probado y que supondrá la celebración de unas nuevas elecciones, han solicitado ahora la dimisión inmediata del señalado y su inhabilitación, junto con la de su esposa, Aurora Elena Renedo, vicepresidenta de dicha federación.
La petición recogida por Europa Press, que ya ha sido cursada al Consejo Superior de Deportes y que en las próximas horas será también elevada ante la propia Administración regional, se basa en esa resolución del Tribunal del Deporte de Castilla y León que concluye que ambos estuvieron implicados en un proceso electoral diseñado en fraude de ley, con creación masiva de clubes vinculados a su familia y funcionalmente a su entorno.
En esa resolución del expediente 36/2024 (5 de mayo de 2025) se concluye que se constituyeron 14 clubes deportivos sin actividad competitiva real, creados con el único fin de alterar el censo electoral. Estos clubes están vinculados directa o indirectamente a ambos cargos federativos y sus familiares, y fueron inscritos de forma simultánea en fechas inusuales, con indicios de uso coordinado de cuentas bancarias, correos electrónicos y licencias duplicadas.
Este entramado ha sido calificado como fraude de ley, con manipulación deliberada del proceso democrático federativo, en perjuicio del resto de clubes y profesionales del deporte. Además, la situación de concentración de poder en una pareja con cargos clave dentro de la federación--presidente y vicepresidenta-.constituye un grave conflicto de intereses, contrario a los principios de ética, imparcialidad y transparencia que deben regir el deporte, tal y como sostienen los clubes denunciantes.
POSIBLES DELITOS
Recuerdan que Aurora Elena Renedo Valdivieso, además de vicepresidenta de la Federación, es técnica y gestora deportiva del Club Deportivo La Victoria, y responsable de jueces en la provincia de Valladolid. Esta situación de doble vinculación federativa y clubística, unida al vínculo matrimonial entre ambos, "genera un riesgo evidente de manipulación estructural y vulnera los principios de ética deportiva como, de hecho, ha sucedido en el presente caso, donde la sentencia concluye que queda acreditado el fraude de ley cometido, con evidencias de haber cometido conductas delictivas que integrarían el tipo penal de la prevaricación administrativa y/o el fraude electoral".
Por ello, solicitan una investigación profunda e independiente que determine el alcance real de dicha influencia y cualquier posible incumplimiento de la normativa vigente.
El Consejo Superior de Deportes ya ha recibido una solicitud de apertura de expediente disciplinario, proponiendo medidas como la suspensión cautelar, la inhabilitación y una auditoría externa.
"La gimnasia de Castilla y León no merece ser dirigida por quienes han burlado su integridad democrática", apuntan los clubes denunciantes, que por eso han iniciado una campaña en redes sociales--plataforma Change.org-- en la que reclaman el apoyo ciudadano para exigir La dimisión inmediata e irrevocable del presidente de la Federación de Gimnasia de Castilla y León, José Herrero, y de la vicepresidenta, Aurora Elena Renedo Valdivieso; la dimisión en bloque de toda la Junta Directiva que, por acción u omisión, ha permitido o facilitado las prácticas irregulares señaladas por el Tribunal del Deporte de Castilla y León, y la dimisión de la secretaria general que, por acción u omisión, ha permitido o facilitado las prácticas irregulares señaladas por el Tribunal del Deporte de Castilla y León.
En el escrito se pide igualmente la inhabilitación cautelar del presidente de la Federación de Gimnasia de Castilla y León y de su esposa y vicepresidenta para evitar que puedan influir en el proceso o seguir actuando en el cargo mientras se instruye un expediente disciplinario o judicial; su inhabilitación para ocupar cargos federativos y técnicos en entidades deportivas y, en último lugar, que se proceda a la convocatoria de nuevas elecciones bajo los principios de transparencia y legalidad.