Comisionado de Transparencia constata idénticas trabas en pequeños ayuntamientos en 10 años y exige cumplimiento forzoso

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de la Transparencia de Castilla y León, Tomás Quintana, ha presentado la Memoria Anual correspondiente al año 2025 ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes, marco en el que ha constatado que los municipios de menos de 5.000 habitantes tienen diez años después del inicio del órgano las mismas dificultades para cumplir las exigencias de publicidad activa y ha reclamado articular mecanismos que permitan exigir el cumplimiento "forzoso" de las resoluciones mediante la modificación de la Ley de Transparencia.

Durante su intervención parlamentaria, Quintana ha explicado que, transcurrido un decenio desde la elaboración del primer informe institucional, la evolución en los municipios pequeños es "excesivamente lenta" y persisten carencias similares a las registradas en 2016.

Por este motivo, ha instado a la Administración autonómica y a las diputaciones provinciales a prestar asistencia técnica y ayudas económicas, además de plantear la necesidad de ajustar la normativa autonómica a la realidad organizativa de estas localidades.

En el marco del balance de cumplimiento institucional, el Comisionado ha detallado la respuesta del sector público autonómico y local ante los cuestionarios de autoevaluación. En este sentido, la totalidad de los entes del sector público autonómico -incluidas las universidades públicas- y las nueve diputaciones provinciales han remitido la documentación requerida.

Por su parte, 44 de los 61 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y 17 de las 20 corporaciones de derecho público han cumplido con esta obligación, mientras que en los municipios de menor población la colaboración ha sido reducida.

Asimismo, Quintana ha señalado que las decisiones adoptadas por la Comisión de Transparencia carecen actualmente de instrumentos de ejecución coercitiva directa, pese a tratarse de actos administrativos vinculantes. En este sentido, el representante autonómico ha advertido de que la única vía de sanción ante los incumplimientos consiste en dar publicidad a las infracciones en la página web y en la memoria anual, razón por la cual ha considerado deseable una reforma de la legislación que incorpore medidas para garantizar la efectividad forzosa de los dictámenes.

LA TRANSPARENCIA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.

En relación con el comportamiento de la Administración local de mayor tamaño, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes presentan un grado elevado de observancia de las obligaciones de publicidad activa, si bien se mantienen deficiencias relativas a la reutilización de la información y a la estructuración de contenidos conforme a clasificaciones internacionales en lugar de los parámetros fijados por la ley.

Por otro lado, las diputaciones provinciales conservan un nivel alto de cumplimiento en publicidad activa, aunque persiste la recomendación de incorporar mayor información gráfica en el ámbito económico y presupuestario. Asimismo, el organismo ha advertido de que casi la mitad de sus portales institucionales carecen de condiciones plenas de accesibilidad para personas con discapacidad.

GOBIERNO AUTONÓMICO

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha defendido además un "considerable" grado de cumplimiento de las exigencias de publicidad activa por parte del Portal de Gobierno Abierto de la Junta y de las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Quintana ha señalado que el portal autonómico ha incorporado numerosas recomendaciones del órgano de garantía, si bien ha indicado que persisten aspectos con margen de mejora, entre los que ha citado la actualización de contenidos, la incorporación de gráficos para dotar de mayor claridad a la información y la publicación de datos relativos a las organizaciones del tercer sector social.

Por su parte, ha destacado que la totalidad de los entes del sector público autonómico y las universidades públicas han remitido sus cuestionarios de evaluación debidamente cumplimentados. Así, respecto a las universidades públicas, el comisionado ha explicado que continúan presentando un elevado nivel de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad activa, aunque ha apreciado la necesidad de acometer mejoras en la visibilidad del portal de transparencia dentro de sus páginas web.

Asimismo, Quintana ha recomendado ofrecer alternativas al formato PDF para incrementar la reutilización de la información publicada y ha abogado por lograr una mayor accesibilidad a los contenidos para las personas con discapacidad.

En el ámbito de los entes autonómicos que no publican a través del Portal de Gobierno Abierto, ha resaltado el desempeño de fundaciones como Siglo para el Turismo y las Artes, Hemoterapia y Hemodonación, Universidades y Enseñanzas Superiores o Santa Bárbara, mientras que ha apuntado deficiencias continuadas en la sociedad pública SOMACYL.

MÁS DE 1.400 RECLAMACIONES EN 2025.

En el área de tramitación de quejas, de las 1.432 reclamaciones presentadas en 2025, un total de 839 han compartido el mismo objeto en materia de bienestar animal dirigido a distintos ayuntamientos. El volumen general de expedientes confirma el incremento progresivo frente a las 102 solicitudes de revisión recibidas en 2016, dinámica de aumento que se ha mantenido en 2026 con más de 700 reclamaciones contabilizadas.

En cuanto a la procedencia de los recursos dictaminados, 130 escritos de reclamación han sido promovidos por representantes locales, entre ellos 113 concejales, 16 vocales de juntas vecinales y un diputado provincial, a los que se suman escritos presentados por representantes sindicales, asociaciones ecologistas y profesionales de los medios de comunicación.