Condenada a 23 meses de cárcel por apropiarse de 3.320 euros de la anciana a la que cuidaba en Salamanca

   SALAMANCA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

   La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un año y once meses de prisión a una mujer que trabajaba como cuidadora de una anciana de 97 años con deterioro cognitivo, por estafa continuada mediante el uso fraudulento de una tarjeta bancaria para apropiarse de 3.320 euros.

   La sentencia considera probado que la acusada realizó diez reintegros en cajeros automáticos sin consentimiento de la titular con el objetivo de apropiarse de 3.320 euros.

   La acusada fue contratada en 2021 para atender a una anciana que padecía un deterioro cognitivo grave desde 2018. Entre sus funciones estaba acompañarla en sus desplazamientos, incluidos los trámites bancarios.

   Ese acceso permitió que la cuidadora conociera el PIN de la tarjeta y pudiera utilizarla sin autorización y realizó reintegros de entre 100 y 500 euros entre mayo y julio de 2022, siempre en cajeros automáticos y sin que las cantidades se destinaran al beneficio de la anciana.

   El tribunal subraya que la anciana no sabía operar en cajeros y que solía retirar el dinero en ventanilla, acompañada por sus cuidadoras.

   La acusación particular y la Fiscalía sostenían que la cuidadora también se había apropiado de cantidades mucho mayores (hasta 41.200 euros) retiradas en ventanilla en distintas sucursales.

   Sin embargo, la Audiencia descarta este extremo al no existir pruebas de que la acusada influyera en la anciana para realizar esos reintegros, ni de que recibiera el dinero.

   El tribunal recuerda en la sentencia que la víctima, pese a su deterioro, mantenía la costumbre de guardar grandes cantidades de efectivo en casa, moverlo de lugar y olvidar dónde lo había dejado, lo que generó confusión entre las cuidadoras y familiares.

   También señala que varias personas tenían acceso al domicilio, lo que impide atribuir a la acusada otros posibles faltantes.

   Además de la pena de prisión, la Audiencia ha impuesto a la acusada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la obliga a indemnizar a los herederos de la víctima con 3.320 euros, más intereses.

   También deberá asumir las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.