VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a penas que suman veintitrés años y seis meses de prisión a C.H. por agredir sexualmente en grupo a una mujer con discapacidad intelectual en 2023, grabarla con su teléfono móvil y robarle dinero en el parque Fuente de la Salud de la capital vallisoletana.
En su resolución, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press, la Sección Cuarta del tribunal ha fijado en veinte años el límite máximo de cumplimiento efectivo de privación de libertad para el procesado. En su escrito de calificación, el fiscal del caso y la acusación particular llegaron a solicitar un total de 112 años de privación de libertad.
Los magistrados han impuesto al encausado quince años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal como coautor, con las circunstancias de actuación conjunta, trato degradante y vulnerabilidad de la víctima; seis años por elaboración de material pornográfico con persona con discapacidad y dos años y medio por robo con intimidación. Asimismo, el fallo ha acordado diez años de libertad vigilada posterior, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la perjudicada durante veinticuatro años y una inhabilitación especial de veinte años para labores con menores de edad.
La resolución judicial declara probado que en la madrugada del 30 de agosto de 2023 el acusado abordó a la mujer junto a otros jóvenes, impidió que se marchara haciéndole creer que portaba una navaja y le sustrajo veinte euros de la cartera. A continuación, llamó a otros varones hasta congregar a un grupo de al menos siete personas, quienes rodearon a la víctima en una zona apartada del parque para forzarla a mantener diversas prácticas sexuales en un contexto de vejaciones, golpes e insultos.
Durante el suceso, que se prolongó durante cerca de dos horas, el procesado utilizó su teléfono para captar dos vídeos con escenas explícitas de los actos sexuales y del maltrato físico infringido, desatendiendo la advertencia de una persona allegada que le pidió que parara al constatar la discapacidad de la mujer. La Sala ha subrayado que el condenado actuó con pleno conocimiento de la indefensión de la perjudicada, quien presentaba una discapacidad del 59 por ciento y dificultades notables para oponerse a la presión grupal.
En el ámbito de la responsabilidad civil, la sentencia ha establecido que el encausado deberá indemnizar a la víctima con 35.260 euros por daño moral, secuelas, lesiones y la cuantía sustraída, además de abonar 202,82 euros a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por los gastos de asistencia médica.
El tribunal ha ordenado igualmente el borrado seguro e irreversible de las grabaciones intervenidas una vez que la resolución adquiera firmeza.
Se da la circunstancia de que dos menores, supuestamente implicados en estos mismos hechos, ya ocuparon el banquillo del Juzgado de Menores el pasado mes de junio. El proceso judicial concluyó con sentencia absolutoria para uno de ellos y con la condena del otro como autor de seis delitos de violación, traducidos en una pena de tres años de internamiento en régimen cerrado. En su caso, la prueba de ADN ha sido determinante para su condena.
