El Consejo de Cuentas pide a Diputación de León y Consejo de El Bierzo impulsar sus competencias con pequeños municipios

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha requerido a la Diputación de León y al Consejo Comarcal de El Bierzo que lleven a cabo el "impulso y refuerzo" adecuados en el ejercicio de sus respectivas competencias sobre la prestación de apoyo y asistencia a los pequeños municipios en sus ámbitos territoriales.

Amilivia se ha expresado así en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes en su comparecencia para la presentación de dos informes sobre el sector público local correspondientes a la provincia de León.

En concreto, ha presentado el análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León y del Consejo Comarcal de El Bierzo a los pequeños municipios en la etapa 2019-2022, han informado a Europa Press fuentes del Consejo.

Con esta decimotercera comparecencia del año, hasta la fecha son 72 las celebradas durante el actual mandato, con 151 informes de los 304 presentados por el Consejo de Cuentas en toda su serie histórica, es decir, la mitad del total.

Amilivia ha apuntado que en lo que va de año se han aprobado 13 informes y la previsión es terminar otros diez antes de fin de año hasta sumar 23 en 2025.

Las auditorías presentadas este lunes tratan, por un lado, de comprobar la eficacia de las actuaciones orientadas a asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal.

Por otro, verificar si se han desplegado las acciones necesarias para implementar las competencias funcionales y materiales que les atribuye la normativa a ambas instituciones, con especial incidencia en aquellas dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, la gran mayoría de los 211 existentes en la provincia.

Como resultado de los trabajos, que se desglosan en un total de 131 conclusiones, el Consejo de Cuentas recomienda a ambas instituciones impulsar adecuadamente las actuaciones necesarias que permitan garantizar el respeto del principio de legalidad en los ámbitos donde este órgano autonómico de control externo ha observado determinados incumplimientos, que son señalados en las dos auditorías.

En el caso de la Diputación, se anotan cinco actuaciones, concretamente la aprobación de presupuesto anual y rendición de cuentas por parte de aquellos entes en los que participa la institución en los supuestos que así venga establecido en la normativa aplicable como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Braganza, así como también la aprobación y contenido de la relación de puestos de trabajo, plantilla orgánica, anexo de personal y registros de personal.

MÁS PLANIFICACIÓN

En los otros tres apartados se remarca que la institución provincial debería impulsar la planificación estratégica de subvenciones; el cumplimiento de las obligaciones de transparencia mediante la comunicación a las correspondientes instancias de la información relativa a subvenciones, convenios y costes efectivos; así como la coordinación de servicios obligatorios, cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios.

Además, el Consejo considera que la Diputación debería priorizar el ejercicio de estas competencias sobre cooperación con los ayuntamientos, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.

Asimismo, recomienda la adaptación de su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración.

Por otra parte, considera que debería mejorar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales, en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.

Con respecto al Consejo Comarcal, las recomendaciones pasan también, por un lado, por el impulso de actuaciones que garanticen el respeto del principio de legalidad, especialmente en los ámbitos de la aprobación y contenido de la relación de puestos de trabajo, oferta de empleo público, plantillas y anexos de personal y registro; canalización de subvenciones a través de planificación estratégica; cumplimiento de la transparencia en la información sobre subvenciones, costes efectivos, contratos y convenios; y cumplimiento de la rendición de cuentas, así como de los plazos legales de la aprobación de presupuestos.

Por otra parte, considera que debería introducir mejoras en la regulación de los planes de juntas vecinales, en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.

Además, señala que, en coordinación con la Diputación, debería priorizar el ejercicio de sus competencias a lo establecido en la legislación básica y autonómica sobre régimen local y las leyes reguladoras de los distintos sectores de acción pública en las materias que señala dicha normativa.

Los informes recogen, respectivamente, una recomendación dirigida a la Comunidad Autónoma. En primer lugar, que debería dictar medidas para asegurar la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en la normativa. Además, que la Comunidad debería también adaptar la normativa sobre régimen local a la legislación básica, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en 2013 por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Conclusiones sobre la Diputación leonesa.

FALTA DE CUMPLIMIENTO

Con respecto a las funciones de coordinación de los servicios públicos municipales de carácter obligatorio desarrolladas por la institución, se concluye que no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales.

Por lo que se refiere al Consejo Comarcal, la entidad fiscalizadora recuerda que, en el contexto territorial, 38 de los 211 municipios de la provincia se encuentran ubicados en El Bierzo, en los que se encuadran además 284 entidades locales menores.

Amilivia ha destacado que la institución no ha rendido ninguna de las cuentas generales de los cuatro ejercicios fiscalizados. La última remitida, la de 2018 fue rendida superando ampliamente el plazo legal, el 7 de noviembre de 2024.

Actualizando la información que contiene el informe, tampoco han sido remitidas hasta la fecha las relativas a los ejercicios 2023 y 2024, lo que supone "una vulneración sistemática de la normativa".

Por otra parte, a la fecha de conclusión de la auditoría, tampoco había suministrado al Ministerio de Hacienda la información sobre el coste efectivo de los servicios, con el alcance y contenido establecidos en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo que impidió su análisis.

El Consejo no remitió a la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales la información contractual de ninguno de los cuatro ejercicios fiscalizados, incumplimientos que se producen desde 2016.

En el apartado de dotación de personal, la institución carece de una RPT consolidada y actualizada (el número de puestos recogidos en el anexo de personal totalizaba 53 efectivos y otros 7 en el Patronato de Turismo). El 38 por ciento de las plazas se encontraban vacantes, además el Consejo no había constituido el Registro de Personal establecido por la normativa como antecedente necesario para la determinación de las nóminas.

En lo referente al análisis presupuestario, los presupuestos de 2019, 2021 y 2022 se aprobaron fuera del plazo legal y el de 2020 no llegó a aprobarse, siendo prorrogado el anterior.