VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León se ha felicitado tras conocer el archivo por parte de la Fiscalía Superior de la Comunidad de la denuncia que la Asociación El Defensor del Paciente par que se investigasen posibles delitos ante la supuesta negativa de la Administración autonómica de hospitalizar a los ancianos enfermos, durante los tres meses del Estado de Alerta por el coronavirus.
El archivo, en un amplio, extenso y fundado Decreto según la Junta, señala que no cabe hacer denuncias genéricas, es decir, que no se puede plantear la realización de investigaciones generales sobre la conducta o actividades de una Administración y la formulación de denuncias prospectivas, intentando justificar la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos, sin aportar un indicio objetivo de su realidad.
En definitiva, señala que las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades han actuado correctamente, que no existe fundamento para ejercitar acción alguna contra ellas y los hechos descritos no revisten carácter de acción punible en la vía penal.
La Dirección de los Servicios Jurídicos había trasladado a la Fiscalía Superior toda la documentación necesaria elaborada por el SACyL de la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades durante el pico de la pandemia, entre la segunda quincena del mes de marzo y el mes de abril, que le permitieran rechazar los hechos denunciados, y que acreditaban, como así se ha entendido, que en ningún caso se produjo una prohibición de traslado de los mayores a los hospitales, y se garantizó la debida asistencia y atención sanitaria en las propias residencias.