CyL asume un 63,3% del gasto total de la dependencia y es la tercera CCAA con mayor gasto por habitante

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha presentado este lunes el XXV Observatorio de la Dependencia, un informe elaborado con datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales que revela que Castilla y León se sitúa como la segunda comunidad autónoma que menos porcentaje de fondos propios aporta a la financiación del sistema, asumiendo un 63,3 por ciento del gasto total frente al 36,7 por ciento que sufraga el Estado.

Pese a figurar a la cola en el porcentaje de aportación propia dentro de su propio presupuesto para dependencia, la Comunidad destaca de manera positiva en términos globales de inversión por ciudadano.

El documento detalla que Castilla y León es la tercera autonomía con una mayor inversión por habitante, alcanzando los 388 euros en 2025. Esta cifra supera de manera holgada la media del conjunto de España, fijada en 280,5 euros por habitante.

En lo relativo al gasto público certificado en atención a la dependencia durante el año 2025, el territorio castellanoleonés registró una cuantía total de 931,71 millones de euros, de los cuales la administración autonómica aportó 589,90 millones de euros y el Ejecutivo central se hizo cargo de los restantes 341,81 millones de euros.

En el análisis pormenorizado del porcentaje presupuestario que asume cada administración, la aportación media de las comunidades autónomas en el conjunto de España se situó en el 72,6 por ciento, mientras que el Gobierno central asumió el 27,4 por ciento restante.

Castilla y León, con su 63,3 por ciento de fondos autonómicos, se coloca muy por debajo de esa media nacional. Únicamente La Rioja aporta un menor porcentaje relativo a su sistema, con un 59,8 por ciento.

En el extremo opuesto, los gobiernos autonómicos que asumen un mayor peso financiero respecto al Estado dentro de sus fronteras son el País Vasco (85,3 por ciento), Navarra (81,4 por ciento), Baleares (81,3 por ciento) y la Comunidad Valenciana (77,7 por ciento).

Sin embargo, el escenario cambia sustancialmente al evaluar el esfuerzo inversor real en relación a la población total de cada territorio. Los 388 euros por habitante registrados en Castilla y León la consolidan en los puestos de liderazgo nacional, solo superada por el País Vasco, que encabeza la tabla con 479,8 euros, y Extremadura, en segundo lugar con 411,3 euros. A la cola de este indicador se sitúan Canarias (178,8 euros), la Región de Murcia (225,8 euros) y Cataluña (247,3 euros).

INVERSIÓN POR DEPENDIENTE

Respecto a la inversión anual dirigida a personas potencialmente en situación de dependencia, Castilla y León se sitúa en la zona media-alta del territorio nacional con un gasto de 2.174 euros por persona en el año 2025. El promedio del país se fijó en este caso en 2.034 euros.

Las mayores inversiones bajo este criterio correspondieron al País Vasco (3.102 euros) y Extremadura (2.757 euros), mientras que los registros más bajos se dieron en Galicia (1.490 euros) y Canarias (1.492 euros).

Por otra parte, al analizar el gasto enfocado estrictamente por persona dependiente atendida, Castilla y León destinó un promedio de 7.360 euros anuales, una cifra inferior a la media de España que se situó en los 8.417 euros por beneficiario.

La región que lidera de forma destacada este apartado es, nuevamente, el País Vasco con 14.384 euros por persona atendida, una cantidad que duplica el gasto de Aragón, autonomía que cierra la lista con 7.159 euros anuales.

INCREMENTO DE FONDOS PARA 2026

El Observatorio de la Dependencia anticipa además un escenario desigual de cara a las transferencias de capital del nivel acordado programadas para el año 2026.

Un total de ocho comunidades autónomas -Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Comunidad de Madrid- verán reducidos los fondos estatales que reciben debido al incumplimiento de los objetivos fijados en materia de mejora de la atención, reducción de listas de espera o creación de empleo. Castilla y León, por el contrario, se sitúa entre los territorios que esquivan estos recortes presupuestarios.

De acuerdo con las estimaciones de variación de fondos del convenio entre los años 2025 y 2026 reflejadas en el documento de los Directores de Servicios Sociales, la Comunidad experimentará un incremento de financiación estatal cifrado en 3,49 millones de euros.

Esta subida la sitúa por detrás de los incrementos que percibirán Canarias (16,11 millones de euros), Galicia (10,35 millones) y Andalucía (8,67 millones).

UN DERECHO "PENDIENTE"

A nivel general, el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recalca que la inversión pública total en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia alcanzó los 13.734 millones de euros en el conjunto del Estado durante 2025.

Las autonomías aportaron globalmente 9.976 millones (un 6,5 por ciento más respecto a 2024), mientras que la Administración General del Estado inyectó 3.758 millones de euros (un 8 por ciento más).

El incremento estatal se debió a la obligación por ley de cubrir el nivel mínimo de protección ante el aumento de personas atendidas y a los 500 millones de euros derivados de la denominada 'Ley ELA'.

A pesar de los avances y del consenso social que suscita, el organismo sectorial ha advertido de que, a punto de cumplirse 20 años desde la aprobación de la ley reguladora en 2006, la dependencia sigue constituyendo un "derecho pendiente" cuyo potencial continúa sin desarrollarse plenamente en el país.

En este sentido, han calificado de "incomprensible" la actitud "triunfalista" del Ministerio de Derechos Sociales ante la paralización del plan de choque de financiación y han reprochado la "falta de transparencia" institucional por no publicar datos relativos a listas de espera, revisiones o solicitudes pendientes de grabación.

Por todo ello, han reiterado la exigencia de aumentar el gasto estatal en, al menos, 1.000 millones de euros anuales sostenidos.