VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este jueves al proyecto de ley que modifica la normativa vigente sobre el Impuesto sobre la Afección Medioambiental para gravar el daño medioambiental por el almacenamiento temporal de residuos en plantas nucleares con el principal objetivo de "minimizar" al máximo el tiempo durante el que estarán depositadas en territorio de Castilla y León las barras de combustible nuclear gastado procedentes del desmantelamiento del reactor de Santa María de Garoña, con sede en Burgos.
Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en la presentación de este texto legislativo que recoge de manera expresa la obligación de dedicar los ingresos procedentes de este gravamen -unos 10 millones de euros cada año-- a programas de gasto de inversión en la zona de influencia de la central nuclear burgalesa.
Según ha asegurado Del Olmo, durante el trámite de información de este proyecto de ley no se ha registrado ninguna alegación, "curiosamente ni de la propia central", ha añadido. Castilla y León ha fijado la cuota tributaria por el almacenamiento temporal de los residuos peligrsos en 4.000 euros por cada elemento combustible gastado y almacenado que, en el caso de Garoña, se traducirá en esa recaudación estimada de 10 millones de euros anuales.
El objetivo de la Junta es remitir "de inmediato" el proyecto de ley a las Cortes para su tramitación parlamentaria para la entrada en vigor de la modificación propuesta al día siguiente de su publicación en el Bocyl por lo que la totalidad de la recaudación correspondiente a 2018 se pueda ingresar en las arcas autonómicas "si las Cortes aprobaran la ley antes del 31 de diciembre".
"Es una ley muy corta para incluir un nuevo hecho imponible", ha explicado Pilar del Olmo que ha justificado la necesidad de ampliar con a las plantas nucleares ubicadas en Castilla y León el actual listado de instalaciones que ocasionan daños al entorno donde se encuentran las centrales hidroeléctricas, los parques eólicos y las líneas de alta tensión.
Así, en la exposición de motivos se argumenta que el empleo de energía nuclear para producir electricidad conlleva la "inevitable" generación de residuos, cuyo impacto ambiental se prolonga tras el cese de la explotación y cuyas consecuencias se desconocen por lo que Del Olmo ha insistido en la conveniencia de minimizar su permanencia en el territorio, si bien ha recordado que en España no existe un almacén de residuos radiactivos.
Según ha recordado también, este proyecto da cumplimiento a la resolución adoptada por las Cortes de Castilla y León el 6 de septiembre de 2017 en la que se instaba al Gobierno autonómico a tomar "diferentes medidas" ante el dictamen del entonces Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad), anunciado el 1 de agosto de ese mismo año, de no renovar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña.
Junto al mandato a la Junta de exigir al Ejecutivo central la elaboración y puesta en marcha inmediata de un plan de reindustrialización para la zona de influencia de la planta atómica burgalesa, el Parlamento de la Comunidad reclamaba también el estudio para la implantación de este "tributo medioambiental autonómico" con el compromiso de destinar su posible recaudación a este territorio.
