CyL inicia 2026 con la prórroga de las cuentas de 2024, la sexta en siete años

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León vuelve a iniciar el año con el presupuesto prorrogado con la particularidad en esta ocasión de que el Gobierno autonómico ha tenido que prorrogar de forma consecutiva las cuentas de 2024 --han estado en vigor en 2025 y se mantienen al inicio de 2026 que, además, es año electoral--.

Las cuentas vigentes en Castilla y León ascienden a 14.562 millones de euros y fueron aprobadas el 30 abril de 2024 por el entonces gobierno de coalición de PP y Vox. La aprobación de ese presupuesto puso fin a la prórroga de las cuentas de 2023 con las que empezó ese año.

La de 2026 es la novena prórroga presupuestaria en la historia de la Comunidad Autónoma y la sexta en los últimos siete años --2026, 2025, 2024, 2022, 2021 y 2020--. De este modo, Castilla y León sólo ha iniciado con nuevos presupuestos el año 2023, en ese caso sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas.

A diferencia de lo que ocurrió el pasado año, cuando el Gobierno autonómico no llegó a registrar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2025 --se quedó en anteproyecto--, en esta ocasión la Junta sí registró las cuentas para 2026 que iniciaron la tramitación parlamentaria hasta ser tumbadas el 20 de noviembre en el debate de la enmienda a la totalidad secundada por distintos motivos por los cuatro grupos en la oposición --Socialista, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y los procuradores Pablo Fernández y Francisco Igea, por el Mixto--.

La coincidencia con lo que ocurrió el pasado año es que el Gobierno autonómico sí ha logrado sacar adelante el techo de gasto no financiero para 2026 tras la abstención en los dos ejercicios del Grupo Parlamentario Socialista para facilitar la tramitación del presupuesto que en esta ocasión se quedó a mitad de camino.

Esto ha abocado a Castilla y León a iniciar 2026 con una segunda prórroga de las cuentas en vigor que fueron aprobadas en solitario por los entonces socios de Gobierno en la Junta, PP y Vox, y sin introducir entonces ninguna de las 2.305 enmiendas parciales de la oposición que llegaron vivas al último trámite parlamentario de abril de 2024.

No obstante, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido a volver a registrar el proyecto de presupuestos de 2026 cuando el Partido Popular sume una nueva mayoría tras las elecciones que se tienen que celebrar este año --el límite para la cita con las urnas es el 15 de marzo--.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó este miércoles, 31 de diciembre, el Decreto por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los presupuestos de 2024 que, según destacó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, "parte de una ventaja" al contar con un límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes que fija la capacidad de gasto para el nuevo ejercicio y sirve de referencia "en términos de déficit, deuda y regla de gasto".

El Decreto, firmado por el presidente de la Junta y por el titular de Economía y Hacienda, recuerda el acuerdo del CPFF del pasado 17 de noviembre relativo a la idoneidad de las medidas correctoras contenidas en el Plan Económico Financiero de los años 2025-2026 presentado por la Comunidad que consideró las previsiones incluidas "adecuadas" al cumplimiento de las reglas fiscales para estos ejercicios.

En este marco, añade el Decreto, se considera necesario establecer unas normas de gestión del gasto aplicables a los créditos de la prórroga del presupuesto de 2024 a 2026.

El Decreto garantiza tanto la aplicación del incremento retributivo a los empleados públicos desde el mes de enero como el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención y extinción de incendios. Además, establece que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a actuaciones que hayan concluido en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o que estén financiados con recursos finalistas cuya vigencia no pueda prorrogarse.

ANTERIORES PRÓRROGAS

La anterior prórroga a la consecutiva de 2026 y 2025 fue precisamente en 2024, año que comenzó con las cuentas de 2023, que sí habían visto la luz el 1 de enero, como acostumbra la tradición, pero sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompañaran tras el "error" o "malentendido" de los dos grupos que sustentan a la Junta al aceptar las enmiendas parciales del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma que rechazaron finalmente.

El anterior procedente de prórroga presupuestaria fue el de 2022 que comenzó con cuentas prorrogadas por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el entonces Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --negoció hasta el 20 de diciembre de 2021-- con Por Ávila.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando ni siquiera se tramitaron las cuentas, en esa ocasión la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros.

De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el martes 21.

Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018 con el que echó a andar 2021 --otra situación inédita en la historia de la Comunidad--; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en el ejercicio de 2018 para 2019 ni en el de 2019 para 2020.

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.

El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación --las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC-- mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria "muy transitoria" y "blanda".

Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse "con mucho cuidado y esmero" aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 "muy similar" en las instrucciones técnicas pero sin "tantas trabas" a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró "indisponibles" tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.

La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007. En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones, un 4,7 por ciento más. Y la tercera prórroga de ese ciclo se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos.