CyL obtiene 7,45 puntos en el Índice DEC de Servicios Sociales, a la cabeza de España

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Actualizado 20/05/2019 13:38:59 CET

   VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   Castilla y León ha obtenido 7,45 puntos en el Índice DEC 2018 que elabora la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo que supone un ligero descenso frente a la puntuación en 2017 (7,5), pero se mantiene a la cabeza de las comunidades de régimen común y muy por encima de la media nacional, que es de 5,22 puntos.

   De esta forma, Castilla y León ocupa un lugar destacado en la clasificación, por encima también de las notas obtenidas por País Vasco (7,2) y Navarra (7,15), si bien en 2018 detiene el crecimiento respecto a 2014.

   En materia de enunciado de derechos y ordenación del Sistema (D), Castilla y León cuenta con todos los elementos legislativos, normativos, planificadores y de organización alcanzando la Excelencia, sólo a falta de los 0,05 puntos casi simbólicos que se otorgan a que la Consejería lleve el nombre de "servicios sociales".

   La relevancia económica (E) de los servicios sociales en Castilla y León se sitúa por encima de la media estatal en los tres indicadores contemplados y "roza la excelencia" en este apartado del Índice; además, mejora en los tres indicadores en relación con el año anterior.

   En concreto, en gasto por habitante/año ha pasado de 388,65 euros en 2016 (liquidado) a 433,22 euros presupuestados en 2018 (cuando la media estatal para 2018 es de 381,25).

   En tanto por ciento que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB regional ha pasado del 1,72 en 2016 a 1,844 en 2018 (media estatal 1,525) y en Porcentaje que supone la inversión de las administraciones públicas en servicios sociales sobre su presupuesto total va del 10,77 por ciento en 2016 al 11,21 en 2018 (media estatal 9,36).

   "A pesar de ello, su posición relativa respecto a la media estatal muestra un estancamiento o incluso una ligera reducción desde 2015 debido a la mejora generalizada", señala el informe.

RECOMENDACIONES

   El nivel de desarrollo del sistema público de Servicios Sociales en Castilla y León "sigue siendo muy elevado, por lo que la recomendación, un año más, es que mantenga tanto las tendencias crecientes en inversión y cobertura como los mecanismos de definición y ordenación eficiente del sistema", agrega el informe.

   Con relación al Índice DEC 2018 Castilla y León resulta, curiosamente, penalizada por su eficiencia y presenta la mayor puntuación en cobertura del Estado con una inversión elevada pero contenida.

   Si se obvia esta distorsión, es muy importante mantener e incrementar las cotas de eficiencia que aseguren la sostenibilidad del Sistema Se anima a mantener la dinámica colaborativa de las administraciones en Castilla y León y del protagonismo de las entidades locales, "ya que es, sin duda, clave de la eficiencia y de los equilibrios constatados" en el desarrollo del sistema.

   Especialmente los servicios sociales comunitarios de las entidades locales en Castilla y León tienen una importancia "estratégica" en la vertebración del sistema, por lo que "deben ser objeto permanente de un apoyo decidido por parte del Gobierno autonómico, tanto a nivel económico como de coordinación y de apoyo técnico".

   Además, según el informe, instrumentos como el Acuerdo Marco o los sistemas de información y gestión compartidos son claves del buen funcionamiento.

   Teniendo en cuenta el nivel de inversión en servicios sociales por parte de las administraciones en la Comunidad, así como el protagonismo local tan destacado en la gestión de los Servicios Sociales, "llama la atención" que, un año más, sólo uno de sus ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (Miranda de Ebro, Burgos), haya alcanzado la calificación de "excelente" en su inversión en servicios sociales.

   Por otro lado, el informe incide en las peculiaridades territoriales y demográficas como un "desafío de futuro" muy especialmente para los servicios sociales, por lo que recomienda a la Junta y a las entidades locales que consideren a los servicios domiciliarios como una prioridad de carácter estratégico no solo para los servicios sociales, sino también por su efecto sobre la articulación y sostenibilidad del territorio y por su impacto para el empleo.

   Este empleo de todo tipo, permite a las personas mayores o con diversidad funcional permanecer en sus domicilios y en su entorno, fijando población de manera muy especial en zonas rurales despobladas.

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