VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado este viernes que la Junta de Castilla y León está "totalmente en contra" de la "invasión de competencias autonómicas en vivienda" que supone, a su juicio, la nueva ley estatal sobre la materia y ha recordado que el Gobierno autonómico se plantea ejecutar "las acciones correspondientes".
A preguntas de los periodistas en la inauguración este viernes del XVIII Encuentro Nacional de Administradores de Fincas que analizará, entre otras cosas, temas muy trasversales como la Ley de Vivienda, los desahucios y el cambio climático, el consejero ha hecho especial hincapié en la necesidad de defender las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda.
Suárez-Quiñones se ha referido también a figuras como las zonas tensionadas que pueden conllevar a la expropiación de viviendas y ha defendido al respecto que las políticas de vivienda y de promoción "no tienen que ser confiscatorias ni de imposición" y sí "de colaboración y de apoyo a los más vulnerables".
"Por tanto, no estamos de acuerdo, no lo vamos a aplicar, tenemos que resolver las condiciones", ha explicado el consejero de Vivienda que ha informado de que encargará "informes técnicos adecuados" para verificar unas premisas "que no van a tener cabida en Castilla y León".
También se ha mostrado "totalmente en contra" de la modificación que hace la nueva norma estatal de la ocupación y de la permanencia de los ocupas ilegales en las viviendas, "que se facilita, con una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que hace más difícil y se retrasa la liberación de una vivienda ilegalmente ocupada" y que, según ha recordado, es delito previsto en el artículo 245 del Código Penal.
El consejero se ha referido también al allanamiento de morada y ha reiterado que la Junta está "totalmente en contra" para lo que ha puesto en marcha es un convenio con las Cámaras de la Propiedad Urbana para amparar el derecho a la propiedad que reconoce la Constitución. "Amparar a las personas que sufren estos fenómenos, asesorarlas, ayudarlas y, por lo tanto, tratar de evitar que esa situación ilegal y delictiva permanezca en el tiempo", ha concluido.
