Cylsopa ve "muy limitado" el riesgo para la Junta del préstamo del BEI para el HUBU, del que ya ha recuperado un 18,3%

Publicado: lunes, 5 septiembre 2016 12:47

VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Castilla y León Sociedad Patrimonial (Cylsopa), Gerardo Marcos, ve "muy limitado" el riesgo que supone para la Administración autonómica el préstamo concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el equipamiento del Hospital de Burgos, que tuvo como finalista a la concesionaria, y del que ya se han recuperado 18,3 de los 100 millones del importe que supuso.

Gerardo Marcos se ha expresado así en el marco de las Comisión de Investigación sobre los sobrecostes en el Hospital de Burgos (HUBU) que se desarrolla en las Cortes, donde ha defendido la legalidad de la operación, con una fórmula que ha asegurado no es "extraordinaria en absoluto", "para nada excepcional" y que ha aclarado solicitó la propia empresa al BEI.

El gerente de Cylsopa ha explicado que el crédito concedido a Nuevo Hospital de Burgos (nombre de la concesión) fue de 128 millones de euros, para lo que era necesario el aval de la Sociedad, algo que autorizó la Junta, aunque determinó que sólo se destinarían estos fondos al equipamiento del centro hospitalario, a pesar de que el BEI permitía su uso para otros objetos de la obra. Finalmente, el préstamo, que se suscribió a final de noviembre de 2011 se hizo por importe de 100 millones.

Así, Marcos ha concretado que a la Sociedad llegó ya el expediente con el crédito concedido pero había que cumplir con el requisito del BEI de avalar dicho préstamo, del que hasta junio de 2016 se han atendido todas las obligaciones por importe de 18,3 millones del total de 100.

El gerente de Cylsopa ha añadido que no hay indicios ni "perspectivas" de que vaya a haber impagos, pero aún así ha aclarado que en el caso "hipotético" de que se produjeran, antes de ejecutar el aval, los acreedores de la concesionaria se ejecutarían las garantías, de forma que el impacto fuera el menor posible.

En concreto, ha afirmado que se podría recuperar una parte "altísima" y un importe "muy elevado" del importe que se adeudara, dado que la ejecución se haría sobre el edificio, los equipamientos y los derechos y obligaciones de la concesionaria, que se podría vender a un tercero. Aunque actualmente es "imposible" predecir el valor que podría tener, cree que sería de un valor "elevado" dado que hay garantía de actividad hasta 2036 y todo el equipamiento está en marcha.

SALVAR LA "INSOLVENCIA" DE LA EMPRESA

Gerardo Marcos ha respondido así a las preguntas de los grupos parlamentarios, que en el caso de la oposición se han dirigido a aclarar si realmente lo que se ha intentado hacer es salvar la "insolvencia" de la empresa, como han expresado la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, así como la del Grupo Socialista, Mercedes Martín, quienes han criticado que al final lo que se pone en duda es lo que siempre se ha dicho que era la "fortaleza" del modelo de no tener que aportar fondos.

En este sentido, Laura Domínguez ha expresado la preocupación por que Cylsopa se haya endeudado como intermediario para que la empresa privada obtuviera crédito, aunque ha restado responsabilidad política a los cargos de la empresa pública.

Por su parte, Martín ha censurado que en la Comisión se traten de dar "visos de normalidad" a lo que no lo es o a lo que tiene "difícil comprensión", dado que la supuesta ventaja del modelo concesional era no tener que aportar recursos. Además, ha calificado de "chocante e incomprensible" que la Sociedad tenga que financiar a una empresa que tiene socios que son entidades financieras.

La socialista cree que está "claro" que los retrasos en las obras se debieron a una falta de liquidez de la empresa concesionaria y, por lo tanto, su responsabilidad, y ha reiterado sus críticas a que una sociedad pública haga llegar a una privada.

A su juicio, lo que parece es "el pacto de la mesa camilla" en la que estaban sentados la concesionaria, Cylsopa, la Junta y la Mesa de Contratación, ya que la empresa no tenía capacidad para cumplir la exigencia de solvencia, de forma que al final lo que se ha producido es una "competencia desleal" al no poder optar el resto de sociedades a la licitación en las mismas condiciones y ha responsabilizado a Herrera de la adjudicación "a sabiendas" de que era una empresa "insolvente".

Precisamente a la falta de igualdad entre las empresas que optaban a la licitación se ha referido el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, quien considera una "paradoja" que la Junta hiciera modificaciones de obra y económicas y aporte una financiación a al empresa, lo que supone un "evidente" cambio en las condiciones económicas para las empresas, ya que el préstamo suponía la mitad de del precio de salida de la concesión.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel considera que el contrato en muchos casos "bordea la legalidad" y ha hecho alusión a las dudas jurídicas que se plantearon en los informes de la Consejería de Hacienda al respeto y ha incidido en que el préstamo se concedió siempre que hubiera alguien que se hiciera cargo de los "platos rotos" y, "si es que se rompen", esa es Cylsopa.

Finalmente, el portavoz del PP en la Comisión, Ángel Ibáñez, ha incidido lo que a su juicio es una "operación clásica de intermediación" que no es un supuesto "extraordinario", que es legal, cumple la normativa y se utiliza en otros casos, al tiempo que ha reiterado que la concesionaria es la que solicita y obtiene el crédito del BEI.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN

En la reunión de la Comisión todos los grupos de la oposición se han unido a la petición de la procuradora de Podemos que ha requerido los informes que tengan que ver con el Hospital y que aún no se han presentado, algo que ya solicitó en julio.

A su juicio, sin esta documentación no se pueden continuar los trabajos y ha reclamado que no se produzcan más comparecencias hasta que no se tengan dichos informes.

Ante esta situación el presidente de la Comisión, Salvador Cruz, ha instado a los grupos parlamentarios a fijar una fecha para una sesión ordinaria de la misma para ver la continuidad del calendario -que tiene fijadas comparecencias para el día 12--, toda vez que aún se saben los plenos que celebrarán las Cortes.