Decretada la disolución de Bodega Reina de Castilla por quiebra e incapacidad para cumplir su objeto social

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid ha decretado la disolución de la sociedad cooperativa Bodega Reina de Castilla, con sede en La Seca, por desequilibrio patrimonial o quiebra y por incapacidad para cumplir el objeto social. Concluida la vía civil, uno de los socios cooperativistas que surtía de uva a dicha embotelladora ha emprendido ahora la penal contra el Consejo Rector por estafa y otros delitos.

    La 'batalla' judicial fue abierta por el agricultor cooperativista J.M.V.G. con el propósito de cobrar sus cosechas por la venta de uva a la cooperativa y a esa demanda inicial se han unido posteriormente otros tres socios cooperativistas, J.E, F.L. y J.C, también con participaciones grandes en el capital cooperativo, hasta el punto de que entre todos ellos alcanzan una participación sustantiva que se acerca al 40% del capital de Reina de Castilla.

   El auto judicial de la Audiencia de Valladolid recogido por Europa Press, contra el que no cabe recurso, pone broche a un largo camino de denuncia de la situación irregular en la que se encontraba dicha sociedad cooperativa que se remonta a finales del año 2021, fecha en la que se presentó ya una demanda que instaba su disolución judicial por entender que la misma no era más que "una sociedad fantasma", un instrumento utilizado por terceros al servicio de intereses ajenos al fin cooperativo, que, conforme marca la legislación cooperativa, no es otro que propiciar un mercado interno para que el agricultor cooperativista pueda colocar sus productos a un precio de mercado.

    La acción judicial que instaba la disolución judicial de la cooperativa se ha tramitado a través de dos expedientes judiciales, el primero de ello a finales de 2021 y uno segundo que ha concluido con el referido auto de la Audiencia Provincial de Valladolid, con fecha 11 de enero de 2026, que decreta su disolución y la apertura de la fase de liquidación.

    Han sido cuatro años de intenso trabajo bajo la dirección técnico-jurídica de la letrada Marina Miryam Díaz Gutiérrez, responsable del Área de Derecho Económico-Empresarial de 'diazygarroteabogados', con la práctica de una abundante prueba pericial que fundamenta la solicitud de disolución al presentar la cooperativa cifras negativas elevadas de patrimonio neto desde el cierre del ejercicio 2019. Por ello, los expertos contables aconsejaban su disolución y liquidación dado el flagrante estado de quiebra que presentaba y su insolvencia crónica, argumentos que han sido estimados íntegramente por la Audiencia Provincial.

   Antes de acudir a la vía judicial, los socios cooperativistas instaron al presidente del Consejo Rector, renovado en el año 2021, a que convocara a la Asamblea General de socios para, a la vista de la "quiebra" que presentaban los estados contables desde 2019, debatir sobre la necesidad de disolver la sociedad y abrir un proceso dirigido a liquidar los activos propiedad de la sociedad cooperativa para así poder hacer frente al pago de las cosechas que desde 2018 se adeudaban a los agricultores cooperativistas proveedores de uva a la bodega. Esa negativa tajante del órgano de administración a convocar la Asamblea General se tradujo entonces en la solicitud de disolución judicial ante la jurisdicción especializada.

IMPORTANCIA DEL AUTO JUDICIAL

   La disolución judicial de la sociedad cooperativa acordada es vital importancia para el agricultor cooperativista, ya que, a pesar de que la sociedad esta "quebrada" y, en consecuencia, no puede operar como si se tratara de una "empresa en funcionamiento", sigue siendo propietaria de bienes de gran valor, entre los que figuran el edificio e instalaciones de la bodega adscrita a la D.O Rueda y en perfecto estado de uso.

   La liquidación a través de la venta a precio de mercado de dichos activos permitiría al liquidador que designe el Tribunal de Instancia de Valladolid Sección Mercantil 1--es donde se tramita el expediente--hacer frente al pago de la importante deuda contraída con los agricultores cooperativistas proveedores de uva a la bodega y que se acumula desde la campaña de 2018. Dicha deuda con los cooperativistas en cuanto proveedores de uva es un crédito con preferencia frente al resto para el pago.

   Esa "deslealtad", con flagrante abuso en el ejercicio del cargo por el Consejo Rector, causando daño patrimonial al agricultor socio-cooperativista e instrumentalizando, en su beneficio y de terceros vinculados, a la sociedad cooperativa "quebrada" ha motivado la apertura de una causa penal que se tramitan ante el Tribunal de Instancia, Secciones de Instrucción de Medina del Campo.

   Dichas diligencias tienen por objeto analizar hechos cometidos por el Consejo Rector de Bodega Reina Castilla a lo largo de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, como presuntamente constitutivos de los delitos de estafa, agravación del estado de insolvencia y delitos societarios de abuso de mayoría y falsedad contable", cometidos, presuntamente, de forma continuada en el tiempo por los responsables de la gestión y administración de la cooperativa y las personas vinculadas a los mismos.

   La instrumentalización de la sociedad por el Consejo Rector, contratando con terceros, que desconocen el estado de quiebra y que se ha decretado judicialmente la disolución de Reina de Castilla, es lo que ha llevado a los perjudicados a hacer publico el auto que decreta la "muerte jurídica" de la cooperativa al objeto de evitar más daño para quien crea que la misma sigue en funcionamiento.