La defensa de Delgado: "Todo fue planificado por el consejero Villanueva y ejecutado por Ricardo González Mantero"

Archivo - El abogado de defensor de Rafael Delgado, en primer plano, durante la exposición de su informe en el juicio de la 'trama eólica'.
Archivo - El abogado de defensor de Rafael Delgado, en primer plano, durante la exposición de su informe en el juicio de la 'trama eólica'. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Actualizado: lunes, 12 enero 2026 12:11

VALLADOLID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa del principal inculpado en la denominada 'trama eólica', Rafael Delgado, ha mantenido este lunes la tesis de que el que fuera consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, "fue quien lo planificó todo y el director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, el ejecutor", afirmación que, acto seguido, le ha llevado a pedir la plena absolución de todos los delitos imputados a su patrocinado, de quien, en todo caso, ha advertido de que durante el periodo investigado se limitó a "actuar bajo el principio de jerarquía" respecto del máximo responsable económico y vicepresidente de la Junta.

El representante legal de Delgado ha sido la primera de las defensas en tomar el testigo de las acusaciones a la hora de exponer sus informes finales en el juicio que se sigue desde el 15 de septiembre en la Audiencia de Valladolid, en cuyo transcurso, por espacio de dos horas, ha desmarcado a su cliente de los hechos presuntamente delictivos y ello no si antes advertir al tribunal de la prescripción o cuasi-prescripción de los mismos, la atenuante de dilaciones indebidas incurridas por la dilatada instrucción del caso e incluso la nulidad de la investigación que Hacienda sometió a Delgado durante dos años.

"Se navegó por sus cuentas por espacio de dos años, algo que está vedado en el Derecho, sin que hubiera orden de inicio, sin constar la notificación de actuaciones al interesado y pese a superarse los 18 meses para este tipo de actuaciones", ha denunciado el defensor, de ahí su pretensión de nulidad de los dos informes del fisco por los ejercicios del IRP de los ejercicios de 2011--se le reclaman 120.000 euros--y los del 2012 y 2013 por los que se le reclaman más de 330.000 euros.

A lo largo de su alocución, recogida por Europa Press, el defensor ha sostenido que los hechos objeto de la presente causa no son objeto de delito alguno, carecen de responsabilidad civil y, por tanto, exigen de un fallo absolutorio, con la particularidad de que en un supuesto caso de condena ha apuntado que la idea de dar entrada en el pastel eólico a empresarios de Castilla y León partió directamente del consejero Tomás Villanueva, al que atribuye el papel de "planificador", mientras que el que fuera director general de Energía y Minas del Ente Regional de la Energía (EREN) Ricardo González Mantero fue el "ejecutor".

De hecho, los nombres de Villanueva y, sobre todo, de González Mantero han trufado el extenso informe del defensor en el que ha llegado a indicar respecto del segundo que "aparece en todo, por activa y por pasiva", al tiempo que ha recordado la existencia de una denuncia anónima en la que se imputaba a éste actuar como un promotor eólico y se aludía a sus relaciones con distintos grupos empresariales y se le otorgaba todo el poder en el sector eólico", de ahí que siga si comprender por qué Delgado ocupa el banquillo de los acusados y se expone a 42 años de cárcel y una multa de 239 millones de euros.

LA AVOCACIÓN, UNA NECESIDAD ANTE EL INGENTE NÚMERO DE SOLICITUDES

El letrado del viceconsejero ha manifestado también respecto a la polémica avocación de parques, a partir de la instrucción 2/2004 puesta en marcha desde el EREN, que la misma contó con los informes favorables de los servicios jurídicos de Economía y de la Secretaría General y que su aplicación tenía todo el sentido porque en aquellas fechas se vio necesario centralizar todo lo relativo a las autorizaciones, máxime cuando en aquella época se llegaron a recibir 2.193 solicitudes por una potencia de 70.000 megavatios y tan sólo se llegaron a autorizar 209 parques eólicos.

"Somos un ejemplo en materia eólica, lideramos la producción en España y en generación de riqueza y número de empleos", ha enfatizado el letrado en su intento por normalizar lo ocurrido en aquella época en el sector en el que, como así ha puntualizado, ya se comenzó a hablar de dar entrada a socios locales en fechas anteriores a que se iniciara en 2003 la legislatura en la que Delgado accedió a la Viceconsejería de Economía para luego pasar a su Secretaría.

Con respecto a los listados en formato excel, hasta seis, que llegaron a circular en los que se especificaba los parques que había que agilizar, la defensa de Delgado ha vuelto a citar el nombre de Ricardo González Mantero como la persona que se encargaba de rellenar tales documentos, ha incidido en que ningún responsable de grandes empresas como Iberdrola y Endesa que ha testificado en el juicio ha denunciado que desde la Junta de Castilla y León se les impusiera la entrada de socios locales en su accionariado y que, en todo caso, las negociaciones realizadas por tales mercantiles las llevaron directamente con Villanueva y el auxilio del entonces director de Energía y Minas.

En cuanto a la actividad profesionales de su cliente, la defensa ha negado que Delgado recibiera dádivas de empresas del sector eólico beneficiadas por la supuesta trama imputada por las acusaciones y ha recordado que dispuso desde 1980 de retribuciones procedentes de la explotación ganadera familiar existente en Burgos. También ha apuntado que tras dejar la Junta el 30 de junio de 2011, el acusado inició una carrera profesional a través de la creación de Delgado Núñez Consulting y Samuño Activos, nueva andadura para la que fijó su domicilio en Madrid y en la que contó con el apoyo de su amigo, el letrado y también encausado Jesús Rodríguez Recio, impulsando desde entonces relaciones económicas, "que no simuladas", con multitud de empresas, tanto españolas como del extranjero.

Antes de concluir su informe, el defensor también ha validado, por su plena legalidad, la adquisición por parte de su representado de varios inmuebles en Simancas y Valladolid y de un turismo de alta gama, sin que tales bienes incluyeran un sobreprecio u obedecieran al pago encubierto de su presunta participación en esa trama que el tribunal investiga.

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