VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las defensas de los ocho presuntos 'narcos' interceptados en mayo de 2025 en el marco de la 'Operación Churruca', saldada entonces con la incautación de 59 kilos de cocaína valorada en más de 6 millones, han solicitado este lunes la nulidad de toda la causa y la consiguiente absolución de sus patrocinados.
Y es que los abogados entienden que la prueba se encuentra "viciada" de inicio al haber sido instruida por el que entonces fuera jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, en la actualidad en prisión acusado de numerosos delitos, entre ellos de falsedad documental y por apropiarse de parte de la mercancía intervenida.
El juicio ha dado comienzo este lunes en la Audiencia de Valladolid, si bien la primera jornada se ha centrado a lo largo de casi tres horas en la exposición de cuestiones previas en la que los defensores han utilizado toda su 'artillería' pesada para solicitar del tribunal sentenciador un fallo absolutorio tras invocar la nulidad de un proceso que, como así coinciden, presenta numerosas irregularidades que han provocado otras tantas vulneraciones, desde el derecho al juez predeterminado por ley y el derecho a un juicio con todas las garantías, hasta el derecho a la tutela judicial efectiva, el de presunción de inocencia e incluso han denunciado la ruptura de la cadena de custodia.
Así, las defensas, en sus cuestiones previas recogidas por Europa Press, han tratado de sembrar las dudas del tribunal sobre la veracidad del oficio policial que dio origen a la 'Operación Churruca' y para ello han señalado al exjefe del Grupo de Estupefacientes, Luis F.R, actualmente preso en el penal de Topas (Salamanca) y a la espera de juicio tras descubrir Asuntos Internos su supuesta implicación en el tráfico de sustancias y descubrirse que se apropió de buena parte de esos 59 kilos de cocaína antes de que fueran incinerados.
De forma unánime, los representantes legales de los ocho acusados sostienen que el oficio policial fue entregado de forma intencionada a la titular del Juzgado de Instrucción número 1, en lugar de remitirlo al juzgado de guardia, ya que dicha jueza se encontraba investigando ya la 'Operación Silken'--la causa 1.11/2024--, la misma que evolucionó luego hasta convertirse en la 'Churruca', y que el referido informe llevó a la instructora, sin suficiente motivación, a dictar el 20 de diciembre de 2024 un auto de incoación de diligencias y luego, el 8 de enero de 2025, otro auto en el que autorizó una serie de medidas que suponían una restricción de los derechos de los ocho investigados, en alusión a la puesta en marcha de vigilancias y pinchazos telefónicos.
UNA VIGILANCIA "FALSA" PORQUE EL PEAJE ESTABA CERRADO
Por ello, los defensores solicitan la nulidad de los referidos autos y la obligada absolución de los acusados al insistir en que toda la prueba se encuentra viciada de inicio, máxime cuando el instructor del atestado fue el hoy inquilino del penal salmantino. "No es necesario recordar al tribunal que este funcionario se encuentra acusado, entre otros delitos, de falsedad documental", ha incidido uno de los letrados, quien, al igual que el resto, ha puesto en tela de juicio una supuesta vigilancia de la policía la madrugada del 14 de noviembre según la cual parte de los encausados integraba un convoy que atravesó el peaje de La Magdalena, en la Autopista del Huerna AP-66, a bordo de una Audi A 6 y dos Peugeot que se dirigían hasta Asturias para aprovisionarse de droga.
A este respecto, las defensas han denunciado que tal vigilancia es "falsa" por cuanto consta un informe de Aucalsa, la empresa que explota dicha vía, en el que se indica que ese día la carretera estuvo cortada por unos desprendimientos y que los desvíos se efectuaron hacia León. "Yo lo digo ya, sin tener miedo a cometer un delito de calumnias, esa vigilancia es absolutamente falsa, es sobre la que pivota este juicio y es la que da lugar a que la jueza autorice toda esa serie de medidas que coartaron los derechos de nuestros defendidos", ha resumido la última de las defensas en exponer sus previas antes de que la fiscal realizara su intervención y quedara concluida la primera jornada del juicio.
La vista se reanudará este martes con la fase de testificales, entre ellas la esperada declaración del exjefe de Estupefacientes Luis F.R, quien está previsto que comparezca por videoconferencia desde Topas. Aunque lo hará como testigo, el funcionario estará asistido de abogado al objeto de que su declaración no pueda volverse en su contra de cara a la causa que tiene abierta por numerosos delitos. Por ello, es una incógnita si se prestará a declarar o se acogerá a su derecho de no hacerlo.
En su escrito de calificación provisional, el fiscal solicita para cada uno de los ocho ocupantes del banquillo, Juan Carlos I.R, Ernesto I.G, Juan Antonio I.G, Víctor Manuel F.R, Francisco Miguel A.L, Rafael C.M, José Manuel G.J. y Miguel Ángel R, condenas de diez años y medio de prisión y multas de 4 millones de euros por tráfico de sustancias, de las que causan grave daño a la salud, con la agravante de notoria importancia, y grupo criminal. Además, Rafael C.M. se expone a otros dos años más por delito de tenencia de arma prohibida.