Desmantelan en Segovia una red de falsificación de empadronamiento para pedir asilo

   SEGOVIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha desmantelado una red que actuaba bajo la apariencia de una asociación de ayuda al inmigrante, que falsificaba documentos de empadronamiento necesarios para que los inmigrantes pidan asilo en España.

   A cambio de cantidades que oscilaban entre los 100 y 280 euros, los investigados ofrecían citas para la renovación de la tarjeta de solicitante de protección internacional, entregando a los interesados certificados de empadronamiento falsos de distintas localidades de las provincias de Segovia y Ávila.

   La investigación de la operación 'Nordap' se inició el 17 de marzo de 2025 tras detectarse un aumento significativo de extranjeros que acudían a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Segovia, aportando certificados de empadronamiento expedidos por municipios como Torrecaballeros, El Espinar y Abades.

   Las comprobaciones con los ayuntamientos afectados confirmaron que dichas personas no figuraban empadronadas en esos municipios. Posteriormente, una investigación documental y operativa permitió comprobar la falsedad de los documentos aportados y confirmar que la asociación en nombre de la cual actuaban los investigados no existía.

   También se acreditó que la persona que se presentaba ante los extranjeros como abogado y miembro de dicha entidad no tenía titulación ni estaba adscrita a ningún colegio profesional, incurriendo así en un delito de intrusismo.

   El grupo captaba a sus víctimas a través de medios telemáticos y redes sociales, realizando los cobros mediante la aplicación Bizum. Su ámbito de actuación se extendía por las provincias de Segovia, Ávila y Madrid.

   Como resultado, se procedió a la detención de seis personas y a la incautación de numerosa documentación falsificada, incluyendo certificados de empadronamiento y modelos originales empleados como soporte para las falsificaciones.

   Estos documentos falsificados no solo pretendían simular la residencia en España, sino facilitar el acceso a servicios públicos y a trámites administrativos esenciales para la integración social y legal.

   La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Segovia, que entiende de las diligencias instruidas.