Ecologistas en Acción acusa a los implicados en la trama eólica de "golpe de Estado al servicio de competencias"

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular en el juicio por 'la trama eólica' ejercida por Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente este viernes que los once inculpados, con el que fuera viceconsejero de Economía Rafael Delgado a la cabeza, cometió en la época investigada un auténtico "golpe de Estado al servicio de competencia" tras el triple invento de la competencia por evacuación, la obligación de dar entrada en el negocio éólico de Castilla y León a socios locales y, en la cúspide', la polémica instrucción 2/2004 puesta en marcha, "prevaricadora en sí misma" porque concentraba en manos del aludido la facultad de autorizar administrativamente los proyectos.

La afirmación del "golpe de Estado" la ha copiado el acusador popular de la frase lapidaria que ya expuso a lo largo de este juicio el que fuera jefe del Servicio de Industria de Burgos, disconforme con una instrucción que, como así ha añadido el representante de EA, "determinaba quién daba las autorizaciones, a quién se las daba y cuándo, lo que suponía dejar en manos de Delgado la capacidad de hacer y deshacer", arrogándose la facultad que hasta 2004 estaba depositada en los responsables de Industria de las nueve capitales de provincia.

"Debe quedar claro que hablamos de obligar a vender: ¡usted vende a quien yo digo y basta!, lo que no libera de responsabilidad penal a los encausados incluso aunque ello hubiera sido a precio de mercado y por mucho que se haya dicho que lo había impuesto el consejero Tomás Villanueva y era una práctica que no sólo se hacía en Castilla y León sino en otras muchas partes", ha reprochado el acusador, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, entiende "plenamente acreditado" que todas las órdenes para imponer estos socios locales elegidos 'ad hoc' emanaban del señor Rafael Delgado.

En su informe final, durante el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid desde el 15 de septiembre, el acusador popular ha mantenido su petición contra los encausados por prevaricación continuada, cohecho, blanqueo de capitales y, en el caso de Rafael Delgado y su supuesto testaferro, Jesús Rodríguez Recio, delitos contra la hacienda pública. A este respecto, discrepa con la Abogacía del Estado, que tan solo imputa este delito por el IRPF de los ejercicios de 2012 y 2013--reclama a los dos acusados más de 330.000 euros--al entender que los dos acusados también incurrieron en este delito en el ejercicio de 2011, en el que habrían defraudado otros 124.762 euros.

En el caso del empresario y exdirector general de Deportes de la Junta Andrés Martín de Paz, uno de los encausados, el representante de EA ha mantenido contra él la imputación por delito de cohecho, aunque considera que en este caso "existe una "peculiaridad" ya que en la documentación analizada no aparece por ningún lugar que haya una indicación expresa a los perjudicados para que pactaran con él o le dieran entrada como socio local. "Seguimos manteniendo la acusación pero lo decimos en aras a que la resolución final sea justa, no hay que condenar a nadie que no se lo merezca", ha concluido.

Con carácter previo, dos de las acusaciones particulares que quedaban por evacuar su informe, en representación de Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 y Altos del Rasero, lo han hecho en ambos casos para adherirse a la posición del Fiscal Anticorrupción y para mantener las responsabilidades civiles por los perjuicios patrimoniales causados a sus patrocinados, en el primero de los casos de 15.690.000 euros y en el segundo de un total de 47.347.139 euros.

Así, el letrado de Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 ha recordado que su cliente entró en el accionariado de Grupo IDER con la previsión de promover un total de 14 parques eólicos en Castilla y León con una potencia de 331 megavatios, si bien el presente juicio se centra en lo ocurrido tan sólo con cuatro de ellos, los de La Mallada, Cerro Becerril, El Pedrón y la Era del Pico, que concentraban entre ellos 114 megavatios y que, como así ha denunciado, tuvieron que ser finalmente vendidos el 18 de noviembre de 2005 a SINAE--hoy es EDP--por un precio de 28,5 millones de euros, a pesar de que sus accionistas esperaban obtener cerca de 284 millones.

Aunque el objetivo de IDER era explotar estos parques, el acusador particular ha incidido en que el grupo, pese a contar en su accionariado con Caja Duero y un empresario cuya mercantil estaba domiciliada en Ponferrada (Léon), "tuvo la desgracia de toparse en su camino con el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, que no lo consideró como local y por ello se vio obligado a vender estos cuatro parques "a pérdida a "sus amigos o personas próximas" como SINAE, pese a que alguno de ellos contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desde hacía varios años.

Inicialmente, desde el Ente Regional de la Energía (EREN),los socios de IDER fueron compelidos a vender primero a Collosa y luego a SINAE, con la particularidad de que una vez vendido el cien por cien de las participaciones uno de estos parques que permanecían paralizados desde abril de 2003 fue autorizado a las tres semanas y el resto tres meses después. La venta, como así ha sostenido el acusador, causó un quebrantó económico global al grupo por importe de 256 millones de euros, de los cuales reclama 15,6 millones para Inversiones Patrimoniales Hiedra 10 correspondientes.

"Se trata de cantidades mareantes que no manejamos el común de los mortales pero que se corresponden con cuantías para compensar lo que pagó SINAE y que está muy alejado de los precios reales", ha reconocido el abogado, quien ha reclamado el pago de estas cantidades, con carácter solidario, por "las personas que de común acuerdo para delinquir concertaron, unos a título particular y otros a través de sus empresas, para obtener un lucró económico muy importante o la compra de parques eólicos, y de forma subsidiaria por la Junta de Castilla y León, Ibercyl, las empresas de Rafael Delgado y, a título lucrativo, por EDP".

En la misma línea se ha posicionado la letrada de Altos del Rasero, propiedad del empresario soriano Juan José Marcos, para quien ha reclamado el pago de un total de 47,3 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante por haber visto truncada su aspiración empresarial de sacar adelante un parque eólico con el mismo nombre y una potencia de 49,5 megavatios que, en una "lucha que empieza a finales de 1999 y concluye en 2014", no llegó finalmente a ver la luz debido a que el promotor se negó a plegarse a las imposiciones por parte de la trama para que vendiera sus acciones.

"Mi cliente es el único de todos que no accedió a vender porque consideraba injusta la situación soportada desde el EREN y bajo la instrucciones del viceconsejero Rafael Delgado", ha ensalzado su letrada, quien insiste en que la iniciativa quedó aparcada catorce años después de su inicial tramitación pese a que llegó a contar con la DIA correspondiente, y todo ello, como así ha reiterado, porque su cliente no se plegó a las presiones para que vendiera primero a Iberdrola y luego a Endesa. "Se le advirtió de que o el parque era para Iberdrola o no sería para nadie, y al final se cumplió ese vaticinio", ha reprochado la acusadora particular.

Las trabas le fueron impuestas inicialmente con la excusa de que carecía de suficiente respaldo económico, ante lo cual respondió dando entrada en la sociedad a dos empresas catalanas, y más tarde los obstáculos continuaron precisamente por la condición foránea de sus nuevos 'partners', con lo que a partir de 2003 el proyecto quedó totalmente bloqueado con la llegada de Rafael Delgado a la Viceconsejería de Economía, "la persona que decidía qué socio local tenía que participar en el negocio eólico".