VALLADOLID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha criticado que los responsables ambientales de la Junta de Castilla y León "continúan sin cumplir con sus deberes" en materia de conservación y gestión del lobo.
También han recriminado a la Junta que haya "derivado" responsabilidades en pólizas de seguro privados y no haya "adoptado" procedimientos para una comprobación de daños "diligente" y "proporcionada"
Además, el colectivo ecologista, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que el lobo está protegido por el Convenio de Barna, ratificado por España en 1986 y por la Directiva Hábitats del año 1992 y que, en consecuencia, sigue sin adoptar medidas que hagan posible la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva.
"Frente a esta serie de despropósitos ambientales, ganaderos y sociales en el medio rural, la ministra Tejerina se congratuló este jueves y apoyó las peticiones del consejero en vez de exigirle el cumplimiento de sus obligaciones frente a unas leyes y objetivos que obligan a todos los españoles, y que sí son llevados a cabo por otras Comunidades Autónomas", indica EA.
LA GANADERÍA, EN PELIGRO POR LA PAC
La organización ha subrayado que el futuro de la ganadería extensiva de ovino "no está en peligro por el lobo" sino que está "herida de muerte" por las "perversas" ayudas de la PAC, que han hecho más "rentable" el abandono que la mejora de las explotaciones.
La Junta de Castilla y León "tampoco ha hecho nada" por promover una carne de cordero de "calidad" basada en alimentación en el medio natural, sino que, en su lugar, los ganaderos autóctonos "perderán" dinero a favor de unos corderos de origen y alimentación "desconocida", han recordado desde EA.
En este sentido, han recalcado que los grandes carnívoros son los "controladores" naturales del equilibrio de la pirámide ecológica, que mantiene la salud de la fauna, la vegetación, el agua o el aire.
Además, han señalado que la "necesidad" de "restaurar" esos equilibrios naturales es una "prioridad mundial", razón por la cual las subvenciones al campo deben estar sujetas a la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente, que es un "patrimonio común".
