Tendido eléctrico - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha registrado una solicitud formal ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León para instar a la elaboración de una nueva disposición general reglamentaria que ponga fin a la mortalidad de avifauna y otra fauna silvestre por electrocución y colisión en las líneas eléctricas de alta tensión de la comunidad.
Según ha informado la organización ecologista, esta iniciativa busca sustituir a la anterior Orden, anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022. La asociación ha recordado que la administración autonómica asumió públicamente el compromiso de tramitar una nueva normativa para declarar a toda la región como Zona de Protección tras la resolución judicial, si bien han transcurrido cuatro años sin avances al respecto.
Los datos de las memorias oficiales de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) recopilados por la federación reflejan que la siniestralidad representa en torno al 13,5 por ciento de los ingresos. Entre 2021 y 2025 se han contabilizado más de 4.200 episodios de muertes de fauna en estas instalaciones oficiales, tras registrarse 874 casos en 2021, 630 en 2022 y 640 en 2023, experimentando un repunte en 2024 y 2025 con 1.046 y 1.034 afecciones, respectivamente.
Asimismo, la entidad ha advertido de que estos datos afectan de forma directa a especies amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el quebrantahuesos, la avutarda o el sisón. Apoyándose en estudios que estiman que solo se detecta el 15 por ciento de las aves electrocutadas, los ecologistas han calculado que en el territorio autonómico mueren unas 6.600 grandes aves al año debido a la existencia de cientos de miles de apoyos sin aislar y al bajo número de inspecciones anuales.
Entre las peticiones trasladadas a la Consejería se ha reclamado la modificación integral de las líneas eléctricas peligrosas para que las exigencias de aislamiento se apliquen a todo el tramo de riesgo y no solo al apoyo puntual donde se produzca el hallazgo. Además, se ha solicitado fijar un plazo de un mes para la tramitación del requerimiento administrativo al titular y de cuatro meses para la ejecución de las obras por parte de las eléctricas, incoando expedientes sancionadores en caso de incumplimiento.
Finalmente, Ecologistas en Acción ha pedido extender la protección a los mamíferos y regular los riesgos en aerogeneradores, pistas de pádel, cristaleras, canales y balsas de agua, además de crear un registro público autonómico de mortalidad de fauna, publicar la cartografía de tendidos en la Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León (IDECYL) y lanzar una campaña de divulgación ciudadana.
