Los ediles del PP impugnan el acuerdo para el cambio del callejero franquista en Segovia y solicitan su suspensión

Postigo muestra el recurso
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 4 febrero 2015 13:43

El Grupo Municipal amenaza con recurrir a los tribunales si no se atiende el recurso de reposición

SEGOVIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Once de los 12 concejales del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia han presentado recurso de reposición ante el Pleno para impugnar el acuerdo sobre el cambio de nomenclatura con referencias franquistas de nueve calles de la ciudad, entre ellas la céntrica avenida de Fernández Ladreda. Han solicitado asimismo la suspensión del acuerdo impugnado.

La petición se ha registrado este miércoles a las 9.36 horas, según ha indicado en rueda de prensa el portavoz 'popular', Jesús Postigo, que ha precisado que el recurso se ha presentado a nivel individual por cada uno de los ediles que acudieron a la sesión plenaria --todos menos José Antonio Garvía--.

Fue precisamente la ausencia de Garvía lo que permitió sacar adelante en el Pleno del 30 de enero la supresión del callejero franquista, en contra de la cual votaron no solo los 'populares' sino también el concejal no adscrito Javier Arranz. Los apoyos a favor del único edil de IU, Luis Peñalosa, y los once ediles del PSOE, junto con el voto de calidad de la alcaldesa, Clara Luquero, favorecieron la aprobación del cambio de denominaciones.

En su exposición de motivos, los 'populares' alegan que se ha infringido el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica, que a su juicio debe aplicarse "en su tenor literal", de manera que aquellos elementos que se modifiquen deben ser escudos, insignias, placas o menciones de carácter o finalidad conmemorativa y han de tener por objeto la exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión de la dictadura.

Además, señalan que no debe concurrir alguna de las causas de exención del deber de retirada de esos elementos, que se recogen en la Ley, y que debe tramitarse un procedimiento administrativo por cada calle en el que se acredite la concurrencia de los anteriores requisitos, así como la existencia de causa jurídica que justifique la actuación administrativa.

Los recurrentes consideran por otra parte que la sustitución de nombres debe someterse al Reglamento de Honores y Distinciones por ser esta la norma reglamentaria vigente y estiman, según ha explicado Postigo en declaraciones recogidas por Europa Press, que el acuerdo se adoptó prescindiendo "de forma absoluta" de las normas que contiene ese Reglamento, "esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados".

El portavoz del PP ha señalado que el recurso y la petición de suspensión del acuerdo van dirigidos al Pleno, pues es el órgano competente de la resolución al ser este el que adoptó tal acuerdo. Al respecto, ha agregado que, de no resolverse en el plazo de 30 días hábiles, se entenderá estimada la suspensión.

"Esto quiere decir que, o bien se trata de forma expresa en el Pleno a celebrar en un plazo de 30 días hábiles, o bien se entiende suspendido hasta que se adopte una decisión expresa sobre dicha suspensión", ha subrayado.

Postigo ha argumentado que la medida tomada por los 'populares' persigue que la situación se resuelva "cuanto antes" y ha advertido de que, de no procederse a lo que corresponde, los ediles recurrirán al Contencioso-Administrativo y analizarán la falta de respuesta al recurso y por qué este no se lleva al Pleno, con las consiguientes responsabilidades que ello conllevaría por no atender a lo que el ordenamiento jurídico español establece.

EL EDIL TRÁNSFUGA TAMBIÉN LO IMPUGNA

El edil tránsfuga Javier Arranz, quien abandonó recientemente el Grupo Municipal Socialista, también ha anunciado que presentará recurso para impugnar el punto de las calles franquistas, así como otros ocho más, ya que no fue convocado a las comisiones informativas de las que salieron los dictámenes, a pesar de tener derecho a acudir.

En este sentido, el portavoz ha indicado que desconoce los términos de la iniciativa del concejal no adscrito y que, una vez lo analice su Grupo, se valorará su viabilidad y trascendencia.

"Si fuera en la misma línea se supone que votaremos a favor los 13 concejales", ha aseverado poco antes de recalcar que le "repelen" los tránsfugas políticos, que la actitud de Arranz "no ha sido la mejor" en sus años como edil del Equipo de Gobierno, que este se ha mostrado "imprudente" en algunas ocasiones y que, de cualquier forma, tendrá que ser él quien diga si respalda o no el recurso presentado por los 'populares'.

LA AUSENCIA DE GARVÍA, CRITICADA

Preguntado por las críticas que ha suscitado la falta de Garvía en el Pleno, el responsable del Grupo Municipal del PP ha recordado que once de los 12 ediles 'populares' viven fundamentalmente de su trabajo, algunos de ellos de sus empresas, como es el caso del concejal ausente, al que complicaciones laborales le impidieron acudir a la sesión, según ha dicho.

Postigo ha pedido disculpas por el malestar que se haya podido generar, ya que su obligación como ediles es estar en los órganos y permanecer "a la altura", aunque ha insistido en que estos últimos años, debido a la crisis, han sido difíciles para las empresas.

"Entiendo las críticas y pido disculpas por ello si es necesario, pero también pido comprensión, dado que los concejales del Grupo Popular tenemos como único ingreso asistencia a plenos y comisiones. Estamos hablando de 250 euros al mes. Por el contrario, en el Gobierno socialista la mitad están liberados y otros acuden a más comisiones y juntas de gobierno local, con lo que reciben una retribución bastante mayor", ha apostillado el portavoz, quien ha manifestado que las familias de algunos 'populares' dependen solo del ingreso laboral de estos.

En el presente mandato, según los datos que ha aportado, los socialistas causaron diez ausencias a plenos, frente a las ocho de los 'populares' y dos de Izquierda Unida. De las faltas del PP, cinco de ellas corresponden al edil José Antonio Garvía.

Al hilo de ello, Postigo se ha quejado de que en los años de mandato de Pedro Arahuetes las sesiones solían convocarse en fechas en que los ediles de PSOE e IU podían asistir, de tal forma que hasta el 65 por ciento de las cuales tenían lugar en días diferentes a los naturales de celebración.

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