Las entidades locales de CyL cumplen la regulación prevista para los procedimientos de estabilización de empleo temporal

   VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha constatado que las entidades locales de la Comunidad cumplen, con carácter general, la regulación prevista para los procedimientos de estabilización de empleo temporal, si bien ha detectado incumplimientos puntuales en la tramitación de algunas convocatorias y ha formulado tres recomendaciones para corregir las deficiencias observadas en futuros procesos.

   Así se recoge en el segundo informe de fiscalización sobre los procedimientos de estabilización del empleo temporal en las entidades locales, aprobado este jueves por el Pleno del Consejo de Cuentas, que analiza 22 administraciones --15 ayuntamientos de distintos tramos de población, tres diputaciones y cuatro entes dependientes-- que ofertaron un total de 2.096 plazas distribuidas en cuatro procesos de estabilización.

   Del total de plazas convocadas, el 55,7 por ciento, es decir, 1.168, se ofertaron conforme al procedimiento establecido en la Ley 20/2021, mientras que el resto correspondió a procesos iniciados al amparo de la normativa anterior o del Real Decreto-ley 14/2021, posteriormente sustituido por dicha ley. La estabilización afectó mayoritariamente al personal laboral, que concentró el 67 por ciento de las plazas, frente al 33 por ciento correspondiente al personal funcionario.

   El informe destaca que siete entidades locales --los ayuntamientos de León, Soria, La Bañeza, Santa Marta de Tormes, Villaquilambre, Carrión de los Condes y Arija-- lograron reducir su tasa de temporalidad estructural por debajo del ocho por ciento fijado como objetivo en la Ley 20/2021.

   En otros casos, aunque no se alcanzó ese umbral, la temporalidad descendió de forma significativa tras los procesos de estabilización.

   No obstante, la institución fiscalizadora aprecia algunas irregularidades. Entre ellas, señala que los ayuntamientos de Soria, Arija y Cacabelos no publicaron las convocatorias dentro del plazo legalmente previsto y que la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de Cacabelos no realizaron los procedimientos por concurso en una única convocatoria. Asimismo, advierte de que la mayoría de las entidades no aplicó la reserva de plazas para personas con discapacidad.

   El Consejo también observa que una parte significativa de las administraciones analizadas no siguió las orientaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre el peso de los méritos profesionales en los concursos, al tiempo que detecta una valoración desproporcionada de la experiencia adquirida en la propia administración convocante frente a la obtenida en otras administraciones públicas.

   En este sentido, cita los casos de los ayuntamientos de León, Villaquilambre, Candeleda y Boecillo, por otorgar una mayor puntuación a la experiencia obtenida en otra categoría de la propia entidad que a la adquirida en la misma categoría en otra administración local, así como los de Boecillo y Candeleda, que no fijaron una puntuación mínima para superar la fase de oposición.

   Además, concluye que, con carácter general, las plazas reunían los requisitos para ser incluidas en procesos de estabilización, salvo en los ayuntamientos de Tudela de Duero, Cabrejas del Pinar y Cedillo de la Torre.

   También señala que el Ayuntamiento de León y la Diputación de Ávila transformaron plazas de personal laboral en plazas de personal funcionario sin previsión expresa en la normativa y vulnerando el procedimiento de acceso establecido para los funcionarios de carrera.

   En la misma sesión, el Pleno del Consejo de Cuentas aprobó el informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas sobre la seguridad informática del Ayuntamiento de Astorga (León), una auditoría destinada a comprobar el grado de implantación de las medidas propuestas tras la revisión realizada en 2021.