Piden a la Audiencia Nacional que reabra la investigación por la contratación del aparato porque el vuelo era "ilegal e inseguro"
MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La principal asociación de familiares del accidente del Yak-42, que se estrelló el el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) provocando la muerte de 62 militares españoles, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska de archivar la causa por la contratación del avión en el que sostiene que la cúpula militar del exministro de Defensa Federico Trillo tenía "conocimiento del riesgo" que suponía volar en este tipo de aparatos.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Accidente Aéreo Yak-42 sostiene que en el procedimiento obra "una multitud de datos e información" que determinan que el vuelo siniestrado era "inseguro e ilegal" y que no "debía haberse producido de acuerdo con la normativa vigente, al no superar los umbrales mínimos imprescindibles de seguridad".
"El conocimiento del riesgo era evidente para los imputados en el presente procedimiento", señala la acusación particular antes de apuntar que un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), otro del Mando Aéreo de Levante y III Región Aérea (MALEV) y varias preguntas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista "evidencian que se tenía conocimiento del riesgo que implicaba la utilización de estos aviones".
"La utilización del mecanismo de contratación a través de la agencia de la OTAN Namsa en sí mismo no supone la creación de un riesgo censurable penalmente pero, evidentemente, la singularización del procedimiento de contratación del Yak-42 sí lo supuso y (...) a través de las sucesivas contrataciones, no sólo se distraía dinero público sino también y, sobre todo, seguridad para los militares españoles", afirma.
VUELO "ILEGAL"
El recurso, que se presenta en reforma ante el juez Grande-Marlaska y de forma subsidiaria en apelación a la Sala de lo Penal, rechaza que, como sostenía el instructor, el avión se encontrara en "perfectas condiciones técnicas". Para rebatir este punto, indica que en los dos juicios civiles celebrados en Zaragoza el perito de la compañía ucraniana UM Air, propietaria del avión siniestrado, "manifestó inequívocamente que, debido al estado del avión, él no lo hubiera despegado, puesto que habría sido ilegal hacerlo".
A juicio de esta parte, la investigación, las pruebas periciales y los testigos que declararon durante la instrucción y los dos juicios civiles ponen de manifiesto "el mal estado y mantenimiento" que presentaba la aeronave. "Se trata de un avión, que no de un vehículo a motor, y conocer la cantidad de combustible en el depósito es vital, nunca mejor dicho, para los tripulantes y pasajeros del mismo", sostiene la acusación particular.
En relación con la responsabilidad de las autoridades militares españolas, el recurso recalca que tenían "el derecho a intervenir e inspeccionar todos y cada uno de los vuelos" así como "la obligación de dar consentimiento a aeronaves no pertenecientes a países del espacio OTAN para trasladar las tropas de nuestro país".
"No fue un contrato ejemplar, existían cláusulas que probablemente un alumno de derecho hubiera calificado como dejación de responsabilidades", dicen los familiares antes de añadir que "España estaba vinculada, era titular de facultades y se reservó una importantísima: permitir o no que las compañías fuera del ámbito OTAN transportaran militares". Según esta parte, ese "veto" se introdujo en el contrato por "el conocimiento de la gran inseguridad" de este tipo de compañías.
"FALTA DE PREPARACIÓN" DE LA TRIPULACIÓN
Grande-Marlaska archivó el pasado 2 de febrero la causa en un auto en el que reconocía "la gravedad de los hechos" investigados pero especificaba que los seis altos mandos militares imputados no tuvieron "responsabilidad penalmente relevante" en el accidente, que atribuía a la "falta de preparación" de la tripulación.
El juez imputaba 62 delitos de homicidio por imprudencia grave al exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá, a quien la Fiscalía atribuía "todas las competencias en cuanto al desarrollo de las misiones internacionales de las Fuerzas Armadas" y al jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, al que consideraba "responsable de la contratación" del aparato.
También estaban imputados el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON) y del Grupo de Control del Contrato, el contra almirante José Antonio Martínez; el coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de EMACON, Joaquín Yáñez; el comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo; y el teniente coronel Abraham Ruiz López, enlace de la división de planes del Estado Mayor Conjunto ante la agencia de la OTAN Namsa.
