Fevacyl manifiesta su preocupación ante el discurso político que "criminaliza" viviendas y apartamentos turísticos

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Apartamentos Turísticos de Castilla y León (Fevacyl) ha manifestado su preocupación ante "el discurso político que criminaliza a las viviendas y apartamentos de uso turístico", a los que considera que se convierte en "el chivo expiatorio de la crisis de acceso a la vivienda".

La Federación ha explicado que la Unión Europea aprobó un reglamento que obliga a los estados miembros a establecer un sistema unificado de identificación de alojamientos turísticos y de corta estancia para evitar el fraude y España es el primer país en aplicarlo mediante la vinculación de la actividad a un número de registro asignado por los Registradores de la Propiedad.

Sin embargo, ha incidido en que mientras el Ministerio de Vivienda sostiene que en Castilla y León existen 1.357 viviendas turísticas "ilegales" por carecer de dicho identificador, en enero de este año la Comisión Europea ha señalado que el modelo español vulnera el reglamento comunitario por generar un doble registro e insta al Gobierno a corregir esta duplicidad antes del 20 de mayo.

La Federación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que el sector comparte "plenamente" el objetivo de luchar contra la economía sumergida, pero recuerda que la etiqueta de "ilegalidad" debe basarse en criterios "técnicos, objetivos y neutrales" y no en decisiones motivadas por "intereses políticos, ideológicos o presiones de determinados grupos".

Además, ha afirmado que las trabas administrativas, diferentes entre territorios y en ocasiones orientadas a restringir la actividad, no pueden convertir en "ilegales" a operadores que cumplen con sus obligaciones, "ya que ello distorsiona la percepción ciudadana y alimenta un relato injusto".

De la misma forma, ha agregado que el Ministerio de la Vivienda afirma que la existencia de apartamentos turísticos provoca un aumento "exagerado" de los alquileres y la expulsión de residentes de sus barrios, una afirmación que la organización considera que responde "a un relato político construido para justificar una política de vivienda fallida y desviar la atención de los verdaderos problemas estructurales".

A su juicio, el verdadero problema es la insuficiente oferta de vivienda, especialmente pública, ya que España cuenta con menos del 2,5 por ciento de parque público, cuando la media en los países de la Unión Europea señala que sería necesario incrementarlo al menos al 8 -en Países Bajos, por ejemplo, la vivienda social alcanza el 30 por ciento-.

Asimismo, ha añadido que más del 40 por ciento del precio final de una vivienda corresponde a impuestos, de manera que una vivienda valorada en 300.000 euros podría adquirirse por poco más de 180.000 sin esta carga fiscal.

POLÍTICA DE VIVIENDA "INSUFICIENTE"

En este sentido, ha asegurado que la escalada de precios no tiene su origen en los apartamentos turísticos, sino "en una política de vivienda insuficiente y una fiscalidad desproporcionada", ha afirmado el presidente de Fevacyl, Fernando Álvarez.

En la misma línea, la Federación ha rechazado que se señale como especuladores a los pequeños propietarios que destinan su vivienda al alquiler turístico para obtener una rentabilidad segura, muchos de ellos tras heredarla o tras años de ahorro. "El derecho a la propiedad privada, recogido en el artículo 33 de la Constitución, no puede ser erosionado mediante regulaciones arbitrarias", ha apuntdo.

La Federación también considera que la inseguridad jurídica derivada de la ocupación ilegal y de las dificultades para recuperar una vivienda en caso de impago ha llevado a numerosos propietarios a optar por el alquiler de corta estancia como opción más segura.

Así, la organización cree que los apartamentos turísticos se han convertido en un recurso "fácil" para desviar la atención de los verdaderos retos, como son la falta de vivienda pública, la necesidad de liberar suelo urbano y la ausencia de una política coherente y a largo plazo.

La Federación ha recordado que en ciudades donde se ha limitado o prohibido la actividad de las viviendas de uso turístico, los precios de la vivienda no han bajado. Por ello, ha reclamado diferenciar claramente entre legalidad e ideología y trabajar con datos y análisis rigurosos.

El sector ha reivindicado que su actividad atrae economía y ha recordado que el incremento del gasto turístico en Castilla y León en 2025 respecto al año anterior se sitúa en un 5,4 por ciento, con un total de 3.044,8 millones de euros.

Por ello, Fevacyl considera que debe recibir el mismo trato que otro negocio permitido en un edificio residencial como notarías o academias y cree que la discriminación normativa carece de fundamento técnico.

La Federación Empresarial de Apartamentos Turísticos de Castilla y León ha reafirmado su compromiso con la legalidad, la profesionalidad y la transparencia y ha defendido un sector que ha asegurado que genera empleo, dinamiza la economía local y responde a los nuevos hábitos del viajero, que busca integrarse en el entorno y disfrutar de una experiencia "más auténtica".