Los peritos ratifican el consumo "moderado" de cocaína del hostelero, que sufría un alteración "leve" de su voluntad por ello
VALLADOLID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de penas que suman 40 años de prisión para los seis acusados --cuatro hombres y dos mujeres-- detenidos en 2009 en el marco de la 'Operación Piña Verde' al considerar que formaban parte de una "pequeña organización" de venta y distribución de drogas.
La acusación pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, indicó que tanto las escuchas como los indicios apuntan a que el propietario del bar 'Razza', David B.R, de 35 años, era el "cabecilla" mientras que Jonathan C.A, de 24 años, actuaba como "lugarteniente" suyo en la venta tanto de cocaína como de marihuana y hachís.
El fiscal argumentó que además de las declaraciones iniciales de uno de los acusados, Pedro Luis M.G, de 47 años, en las que apuntaba a la venta realizada por el hostelero, éste poseía una cantidad "muy importante" de cocaína, más de 100 gramos, pero además se hallaron en su vivienda y en el bar bolsas de autocierre preparadas para preparar 'papelinas', 60 de las cuales estaban ya confeccionadas.
Asimismo, incidió en que David tenía en casa una cantidad importante de dinero --cercana a 16.500 euros-- cuya procedencia no se explica, además de útiles como balanzas, "un cuadro típico" de un distribuidor de cocaína.
En esta línea, considera que los 15 gramos de cocaína que de media semanal consumía el hostelero no justifican la posesión de más de 100 gramos, cantidad que se le ocupó, además de marihuana y hachís, lo que "excede" de lo que se entiende para "autoconsumo".
Aunque sólo esto hace pensar que se dedicaba al tráfico, explicó el Ministerio público, cree que también apuntan a esta actividad otras circunstancias como la adquisición de bienes que no son propios de las ganancias del local, pero además señaló que algunas de ellas se pusieron a nombre de un tercero, un "testaferro" para "distraer" la verdadera propiedad de los mismos.
ESCUCHAS CONCLUYENTES
De la misma forma, afirmó que fundamentalmente son las escuchas las que ponen en evidencia que se dedicaba al tráfico y de ellas se desprenden conclusiones genéricas como la cantidad de compradores anónimos o conocidos que acudían al considerado "cabecilla" de la organización y se citaban con él en el bar o en el domicilio.
También aludió al lenguaje "críptico" propio de este tipo de actividades que utilizaban los acusados, en los que se hablaba de "cartuchos", "pincho", "camisetas blancas" o "playeras", términos que son "absurdos" si no se refieren al tráfico.
El fiscal considera un agravante la posesión de útiles para cortar la droga, la cantidad de sustancias y el dinero hallados pero además incidió en la utilización del domicilio y del bar para la distribución, algo que en el caso del establecimiento facilitaba la tarea y permitía mantenerla en la "clandestinidad", algo que provocó que no se pudiera llevar más allá la investigación para que no fuera descubierta, al tratarse además de una localidad relativamente pequeña.
En cuanto a David B.R, el acusador público, que pide para él once años de prisión y 25.000 euros de multa, rechazó un posible atenuante por el consumo de cocaína y cree que la actividad era "dilatada en el tiempo", que requería una maduración y añadió que aunque los peritos creen que está "en el buen camino" para su rehabilitación aún no se ha culminado ésta.
En cuanto a Pedro Luis M.G, para el que se solicitan cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros, el fiscal cree que dentro del grupo ayudaba a mezclar y distribuir drogas, algo que señalan los 1.000 euros en billetes que se le hallaron, pero además por los pinchazos telefónicos.
Jonathan C.A, para quien se pide la misma pena que para el anterior, está considerado por el fiscal como "lugarteniente" de David, es decir, que sustituía al hostelero y proporcionaba droga, fin para el que utilizaba la báscula encontrada en su vivienda, así como las bolsas de autocierre. Además, cree que las conversaciones grabadas durante la investigación indican su participación.
Por otro lado, la acusación pública también considera que José Luis H.G. --para el que pide dos años de prisión y multa de 3.000 euros-- también se dedicaba al tráfico de drogas, como demuestra que estuviera en posesión de más de 800 gramos de marihuana, lo que "excede" del autoconsumo, de una trituradora y bolsas con cierre hermético.
COLABORACIÓN EN EL BAR
Finalmente, en cuanto a las dos camareras acusadas, Larua H.S. y Mónica M.A, la primera de ellas novia de David, considera que su colaboración era "necesaria" y tenían conocimiento de la actividad que se llevaba a cabo en el establecimiento en el que trabajaban, sabían que el propietario era consumidor y aunque no se les intervino sustancia alguna, mantiene la petición de nueve años y seis meses de prisión y multa de 12.000 euros para cada una de ellas al entender que apoyaban la venta y "liberaban" al hostelero cuando tenía que hacer las papelinas. De esta forma, cree que ambas desviaban a los clientes a David y les facilitaba el teléfono o lugar donde encontrarle.
Además del informe final del fiscal, a falta de los que realicen mañana las defensas, en la jornada de hoy declararon varios testigos y peritos.
En concreto, entre los testigos prestó declaración la tercera camarera del bar, Laura C.M, quien aseguró que tampoco ella había visto vender droga en el establecimiento, aunque sí sospechaba que David consumía, algo que se "imaginaba" después de haber presenciado alguna discusión entre él y su pareja.
Precisamente un médico forense que declaró por videoconferencia certificó que el hostelero consumía una cantidad "moderada" de cocaína, lo que le provocó un trastorno "leve" de su voluntad, que pudiera afectar a su conducta, ante el síndrome de abstinencia o la previsión de sufrirlo.
En la misma línea, aunque indicó que el acusado va "por buen camino" en la terapia de desintoxicación que sigue en prisión, donde lleva 16 meses sin consumir, la dependencia psíquica es necesario tratarla a largo plazo.
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