El fiscal de las oposiciones a bombero apunta que se filtró parte del examen y no todo "para no cantar en exceso"

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fiscal en el caso que analiza irregularidades en la primera prueba de las oposiciones para cubrir doce plazas de bombero-conductor de la Diputación de Valladolid, celebrada el 2 de octubre de 2016, considera probado que los tres vocales titulares y el suplente del tribunal calificador filtraron a opositores interinos bajo su mando en distintos parques una parte de las preguntas, no la totalidad "para que no cantara en exceso".

El acusador público en el caso, Luis Ortega, abría con su intervención el trámite de exposición de los informes definitivos al que luego seguirían los de las defensas, poniendo fin así a la tercera y última jornada del juicio que se ha seguido en el Juzgado de lo Penal número 2 de Valladolid para tratar de dilucidar si los cuatro referidos vocales del jurado y otros once interinos opositores incurrieron en un delito de revelación de secretos, al entregar los primeros a sus compañeros de banquillo una parte de las preguntas de la prueba.

Para el fiscal, quien al inicio de su exposición ha puntualizado que el procedimiento "no va en contra del Cuerpo de Bomberos, que cumple con valentía y eficacia las tareas encomendadas, ni contra la Diputación de Valladolid, entiende acreditada la comisión del delito imputado que impidió que "los opositores concurrieran en igualdad de condiciones" como consecuencia de la filtración de parte de las preguntas acordada por el tribunal en su primera reunión de 18 de julio de 2016.

Cada uno de los cuatro vocales del jurado tenía que aportar medio centenar de presuntas para luego, entre todos, seleccionar un total de cincuenta y cinco complementarias, y es ahí, siempre según el fiscal, cuando los acusados se concertaron para filtrar parte de ellas, "no todas para no cantar en exceso", a los opositores interinos que tenían bajo su cargo en distintos parques dependientes de la Diputación provincial.

A esa primera reunión, el acusador público, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sumado otras dos más, una de ellas la celebrada el 30 de septiembre de 2016, unos pocos días antes del examen, por parte del jefe del Parque de Tordesillas, Félix del A.P, y dos de los opositores, Francisco José P.R. y Rubén R, a los que el primero citó por teléfono para que acudieran a un bar de Arroyo de la Encomienda, donde les felicitó treinta preguntas de las que luego cayeron nueve en el examen.

Ese mismo día, el entonces jefe del Parque de Rioseco, José Luis S.G.M, habría hecho lo propio con otros de los acusados, Carlos M, Sergio S, David H, Enrique R, José María M. y el ya fallecido Pablo C, a quienes emplazó en el aparcamiento del Estadio José Zorrilla para trasladarles igualmente una treintena de preguntas.

De la existencia de ambos encuentros, como así ha advertido el fiscal, dan buena muestra las distintas pruebas, entre fotografías, actas de manifestación ante notario y conversaciones grabadas, que cuatro de los hoy acusados y que en su día impugnaron la prueba en vía contencioso-administrativa presentaron para exigir la recusación del tribunal calificador.

PRUEBAS DE LOS ACUSADOS QUE SE VUELVEN CONTRA ELLOS

"No es una prueba que haya presentado este fiscal sino parte de los hoy acusados. No es entendible que alguien, asesorado de letrado, aportara en su momento esas pruebas en un proceso contencioso-administrativo sin prever las consecuencias de ello en vía penal. Todo el mundo puede intuir que aprovecharse de unas preguntas puede tener carácter delictivo", ha recriminado el acusador público.

Pero además, en su alegato final el fiscal esgrime también como prueba incriminatoria las grabaciones que los cuatro demandantes y hoy acusados facilitaron en las que el jefe del Parque de Rioseco, José Luis G.S.M, recrimina a sus homólogos de los de Peñafiel y Tordesillas, Miguel Ángel P.F. y Félix del A.P, respectivamente, al sentirse engañado y creer que estos dos últimos habían facilitado a sus subalternos más preguntas de las pactadas, "y se citan incluso nombres y apellidos".

"Habían decido no entregar todas las preguntas para que no cantara en exceso e incluso uno de los jefes, Miguel Ángel P, sale diciendo en la grabación que la ayudita ya había sido suficiente y que los opositores tenían también que poner algo de su parte", ha precisado la acusación pública, quien atribuye el intento de recusación del tribunal por parte de los opositores hoy acusados a su sentimiento de haber sido "engañados".

Fue a raíz de ello cuando el jefe del Parque de Rioseco, José Luis G.S.M, propuso al resto de integrantes del jurado sumarse a un escrito para pedir la anulación de la prueba porque se habían detectado una serie de irregularidades.

Ante toda esa prueba, el fiscal ha mantenido invariable su petición de condena para los quince acusados, a razón de tres años de cárcel e inhabilitación para los cuatro miembros del tribunal y dos años y tres meses para el resto, si bien ha reconocido la "endeblez" de la prueba contra aquellos interinos opositores que no trabajaban por aquellas fechas en los parques de Tordesillas, Peñafiel y Rioseco.

En este último caso ha incluido al opositor que obtuvo un 9, Javier T, quien no era funcionario y trabajaba como formador en la empresa Castilla y León Formación Práctica S.L, con sede en Corcos del Valle, a través de la cual mantuvo una relación profesional con dos de los miembros del tribunal.

NULIDAD DEL PROCESO

Frente al alegato del fiscal, las ocho defensas personadas en la causa han reiterado su solicitud de absolución de sus patrocinados al entender que se había producido una nulidad radical de pleno derecho, ya que, como así han coincidido todos, el titular de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid había incurrido en una "prejudicialidad penal".

En concreto, los defensores insisten en que dicho magistrado-juez, que dictó sentencia respecto de la reclamación presentada por algunos de los opositores que se sintieron perjudicados, debería de haberse abstenido del procedimiento contencioso al tener conocimiento de que se había producido una supuesta filtración de las preguntas y debería de haber puesto los hechos directamente en manos de la vía penal, bien en un juzgado de instrucción o en manos de la Fiscalía.

Por eso, las defensas han coincidido al indicar que aquel proceso en vía contencioso-administrativa constituyó un "auténtico juicio penal que vulneró el derecho a la tutela judicial efectivo y el derecho de defensa de los que entonces acudieron en calidad de testigos o bien de demandados".

También han invocado la existencia de nulidad en cuanto a que buena parte de las pruebas fueron practicadas cuando se excedieron los seis meses de la fase de instrucción, entre ellas la toma de declaración en calidad de investigados a los once opositores y la solicitud de incorporación de vídeos y audios, y en caso de que finalmente el proceso concluyera en sentencia condenatoria han pedido la correspondiente atenuación por dilaciones indebidas.