Puente asegura que el Consistorio no ha tenido que responder a la deuda de 100 millones, pero tuvieron que trabajar para evitar perjuicios
VALLADOLID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Valladolid han elevado a definitivos los escritos de conclusiones del juicio sobre la firma de las 'Comfort Letter' para el préstamo de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), con lo que mantienen las peticiones, respectivamente, de 9 y 3 años de prisión al exalcalde de la ciudad Francisco Javier León de la Riva.
Este miércoles se ha celebrado en la Audiencia de Valladolid la segunda sesión del juicio, al que también se enfrentan los exconcejales del PP Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, con las declaraciones de los cinco testigos que seguían citados, encabezados por el actual regidor vallisoletano, el socialista Óscar Puente.
Al concluir la sesión, el presidente de la Audiencia y del tribunal, Feliciano Trebolle, ha preguntado a las partes si elevaban a definitivas las conclusiones expresadas en el procedimiento y todos los representantes han respondido afirmativamente, de modo que se mantienen las peticiones de absolución por parte de las defensas de León de la Riva, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco, así como las peticiones de penas de la Fiscalía y el Ayuntamiento, personado como acusación particular.
Así, para el exalcalde la Fiscalía pide un total de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación por delitos de prevaricación y falsedad documental en las tres cartas de conformidad suscritas, mientras que el Consistorio reclama una pena de tres años de cárcel y nueve de inhabilitación. Para sus dos compañeros de bancada, la Fiscalía pide para cada uno de ellos 24 años de inhabilitación como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión, mientras que el Consistorio solicita siete de inhabilitación.
Durante las testificales, el actual alcalde de Valladolid ha asegurado que el Ayuntamiento no ha tenido que responder a cantidad económica alguna como consecuencia de la firma de las 'Comfort Letter' de los años 2008, 2010 y 2011, pero ha matizado que el actual equipo de Gobierno ha tenido que dedicar "dos años de trabajo" para evitar los perjuicios que podría haber supuesto los requerimientos de una deuda de 100 millones de euros por parte de los bancos acreedores de la SVAV.
