Fiscalía de Valladolid pide seis meses de prisión para un técnico de la CHD por tramitar proyectos falsos de agua

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Valladolid y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de seis meses de prisión y la suspensión de empleo público por un año para Rafael V, técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), por tramitar expedientes de aprovechamientos de aguas subterráneas para particulares, sin estar habilitado para ello, y falsificar informes de ingenieros.

El juicio oral ante el Tribunal del Jurado ha quedado fijado para el próximo 17 de abril en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial.

El acusado, adscrito a la especialidad de Vigilancia de Dominio Público en Zamora, ha reconocido haber utilizado su cargo para asesorar de forma ilícita a particulares en la tramitación de expedientes de aguas subterráneas y captaciones entre los años 2015 y 2020.

Según el escrito de conclusiones, recogido por Europa Press, el procesado aprovechó su acceso a la documentación y el contacto con agricultores de la zona para intervenir en expedientes que quedaban fuera de sus competencias profesionales. En el ejercicio de estas funciones de guardería fluvial, el técnico llegó a elaborar documentos que simulaban ser proyectos oficiales suscritos por ingenieros agrónomos que nunca intervinieron en los mismos. Se ha constatado la falsificación de al menos diecinueve proyectos técnicos que fueron incorporados fraudulentamente a los archivos de la Confederación.

El Ministerio Público detalla múltiples casos en los que el acusado percibió remuneraciones económicas en metálico a cambio de estas gestiones ilegales. Las cantidades cobradas oscilaron entre pagos de 150 euros por autorizaciones de captación hasta sumas de 3.000 euros por la legalización de aprovechamientos que posteriormente resultaron sancionados. Además de la redacción de memorias técnicas falsas, el funcionario también asesoraba a los usuarios en la redacción de alegaciones de descargo frente a expedientes sancionadores abiertos por la propia CHD.

Los hechos han sido calificados como un delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios y un delito continuado de falsedad en documento oficial. La Fiscalía ha propuesto la aplicación de atenuantes por la confesión del acusado y por dilaciones indebidas en el procedimiento, que estuvo paralizado por causas ajenas al procesado entre finales de 2024 y septiembre de 2025.

Rafael V. prestó declaración el 13 de noviembre de 2025, admitiendo íntegramente la autoría de las irregularidades relatadas.

La petición de condena para él incluye, además de la pena de cárcel, el pago de multas que suman cinco meses con una cuota diaria de seis euros, así como la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.