VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha iniciado el plazo este martes para la aprobación de la nueva norma que regulará a los integrantes de sus Servicios Jurídicos.
Y para ese objetivo se ha abierto consulta pública a través del portal web de la Junta para recabar la opinión de los interesados en la reglamentación de la Ley 6/2003, reguladora de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León. De esta manera, se concede un plazo de 15 días naturales desde la publicación del anuncio para que cualquier persona pueda aportar sugerencias con el objetivo de enriquecer el texto de la norma.
El Reglamento de organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, cuya tramitación se inicia ahora, pretende abordar el desarrollo de las funciones relacionadas con la asistencia jurídica de la Administración autonómica.
Estas funciones tienen carácter consultivo, de asesoramiento jurídico interno y contenciosas, es decir, de representación y defensa en los juicios. También se plantea una estructura y organización más adecuada de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, que posibilite actuar con mayor flexibilidad en el desarrollo de las funciones y cometidos asignados a los miembros que integran el Cuerpo autonómico de Letrados.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha declarado que "la profesionalidad de los empleados públicos que integran los Servicios Jurídicos de la Junta ha llevado a este departamento a ser una referencia para el resto de las comunidades autónomas. Su trabajo, no siempre visible, garantiza que todas las actuaciones que desarrolla esta Administración estén perfectamente ajustadas a derecho, lo cual genera confianza en los ciudadanos y estabilidad en la esfera pública".
Esta normativa reguladora ha ido experimentando sucesivas modificaciones y ampliaciones. Así, si antes la asistencia jurídica se circunscribía al ámbito de la Administración general y de la institucional, actualmente se extiende a otros entes del sector público de la Comunidad, como los entes públicos de derecho privado o las fundaciones públicas.
Además, se posibilita que esta asistencia jurídica pueda llegar al personal al servicio de la propia Administración, y a mujeres víctimas de maltrato. Incluso, mediante la firma del correspondiente convenio, podría extenderse a las entidades locales castellanas y leonesas, y a las instituciones propias de la Comunidad previstas en el Estatuto de Autonomía.
