VALLADOLID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta y el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla León (Cermi) han firmado este lunes un convenio para actualizar el Protocolo para la Mejora del Modelo de Atención a las Personas con Discapacidad, con el fin de "asegurar sus derechos y alcanzar las mayores cotas de bienestar social que sean posibles".
La firma del documento se ha producido entre la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y el presidente del comité, Juan Pérez Sánchez, en un acto en el que se ha destacado que este convenio se basa en dos aspectos "fundamentales", como son la mejora de la atención que reciben las personas con discapacidad y la modernización de la sostenibilidad y la profesionalización de las entidades que trabajan día a día con ellas.
Sobre el primero de los aspectos, la consejera ha aseverado que este acuerdo tiene como objetivo avanzar en el modelo de atención centrado en la persona, dotando a las personas con discapacidad de la "mayor autonomía posible", a lo largo de toda su vida, "promoviendo su derecho a la toma de sus propias decisiones, garantizar los apoyos que necesite --en vivienda, empleo, asistencia personal, etc.-- o potenciar la innovación de productos y servicios, con la implicación del usuario.
En relación con el segundo aspecto, Blanco ha precisado que el objetivo es modernizarlas para que se adapten a los nuevos retos que ha dejado la pandemia y teniendo como base los anteriores planes estratégicos a este respecto para "mejorar la calidad del servicio".
Respecto a la sostenibilidad financiera de los servicios, Isabel Blanco ha recordado a este aspecto que una herramienta demandada por las personas con discapacidad ha sido la concertación social, que este año ya ha empezado a implantarse en algunos ámbitos a modo de prueba y que se lanzará en todos los servicios una vez que sea vea cómo funcionan estos nuevos contratos.
BALANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
En este marco, la consejera de Familia ha asegurado que se ha hecho un análisis del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 2016/2020, que permitió que Castilla y León fuese una de las primeras comunidades en aprobar un protocolo que respondía al "compromiso del Gobierno con estas personas y que fue el instrumento con el que se impulsó el modelo de atención acordado con el Cermi".
Este plan, ha detallado Blanco, contó con una inversión de 752 millones distribuidos entre todas las consejerías de la Administración autonómica, y de cuya evaluación se ha concluido que las medidas previstas en dicho plan se han ejecutado "total o parcialmente".
Isabel Blanco ha recordado que el plan para 2016/2020 contó con 752 millones de euros, distribuidos entre todas las consejerías de la Junta, aunque el peso de su ejecución ha correspondido a la Gerencia de Servicios Sociales en un 91 por ciento.
El plan, ha detallado la consejera, incluía 195 medidas distribuidas en once ejes estratégicos y de su evaluación se constata que la gran mayoría de medidas previstas han sido ejecutadas total o parcialmente, un dato "especialmente reseñable teniendo en cuenta la paralización generada por la pandemia del Covid-19".
En el periodo de vigencia del plan, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales se ha ejecutado un total de 686 millones de euros, un once por ciento más del presupuesto previsto, que se ha concentrado en tres ámbitos.
Por un lado, en apoyos para la autonomía de las personas en el hogar, con más de 330 millones, un 48 por ciento sobre el total del presupuesto, el cual ha sido uno de los elementos "más relevantes para conseguir una vida inclusiva en la comunidad".
En este sentido, ha aumentado un 38 por ciento el número de plazas en viviendas, un tres por ciento el número de personas con discapacidad que reciben apoyos en viviendas normalizadas, se ha dado soporte a través de viviendas de itinerarios a 102 personas con discapacidad en su proceso de emancipación y se han incrementado los servicios de asistencia personal un 400 por ciento.
Por otra parte, el 29 por ciento del presupuesto se ha destinado a formación y empleo, lo que supone que se haya apostado con más de 198 millones de euros por los itinerarios de formación y empleo y la continuidad de la atención entre el sistema educativo y el de servicios sociales que garantice la integración social y laboral.
Por último, Isabel Blanco también ha hecho referencia al ámbito del envejecimiento activo, al cual se ha destinado el 18 por ciento del presupuesto, lo que supone 125 millones que han servido para "favorecer un envejecimiento satisfactorio de las personas con discapacidad".
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha subrayado que el resultado global es que las actuaciones desarrolladas han hecho posible dar respuestas "personalizadas, flexibles y dinámicas a las diversas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias".
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO
Durante su intervención, Isabel Blanco también ha explicado que, una vez concluida la evaluación del anterior plan, es "necesario" elaborar uno nuevo, en el que "ya se está trabajando", y que cuenta con la participación de las entidades del Tercer Sector a través de Cermi y de las consejerías.
La consejera del ramo ha detallado que los retos y desafíos para el futuro "están siendo el punto de partida para la orientación estratégica del próximo plan".
Ente ellos, ha añadido Blanco, se encuentran reforzar la autonomía y empoderamiento de las personas con discapacidad desde la base del modelo centrado en la persona, lograr una sociedad más inclusiva; potenciar los servicios desinstitucionalizados y de base comunitaria en el marco de la Estrategia europea sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021/2030 o favorecer una respuesta adecuada en la transición entre las diferentes etapas del ciclo vital.
"Teniendo en cuenta estos retos, el nuevo Plan Estratégico ha establecido tres pilares fundamentales", ha recalcado Isabel Blanco, para después señalar que estos son la autodeterminación de la persona y su proyecto de vida, una visión integral de la discapacidad que considera tanto a la persona y a la familia como al contexto de los entornos y la comunidad con los que interactúa, así como la orientación basada "en la respuesta a las necesidades y lo importante para las personas con discapacidad a lo largo de las etapas del ciclo vital".
CONVENIO "FUNDAMENTAL"
El presidente de Cermi en Castilla y León, Juan Pérez Sánchez, por su parte, ha asegurado que este tipo de convenios son "fundamentales" para el desarrollo de las personas con discapacidad en la Comunidad y responden al trabajo realizado junto a la Administración autonómica en esta materia.
De la misma manera, Sánchez ha remarcado que este plan es "ambicioso" porque abarca "todas las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad", en un momento "adecuado", puesto que recoge el trabajo de años de rodaje "para actualizar las medidas en función de las exigencias del mundo actual".
"Las personas con discapacidad no tienen las mismas necesidades que hace unos años y tampoco tienen ahora las que podrían tener en un futuro cercano", ha apostillado el máximo responsable de Cermi Castilla y León.
Lo que se quiere con este nuevo modelo, ha añadido Sánchez, es tener "perfectamente delimitados los procesos de ayuda y apoyo con los que cuentan la personas durante toda su vida, un elemento de vital importancia". "Este marco fundamental recoge aspectos básicos como son el papel de las familias en la integración de las personas con discapacidad o la colaboración publico-privada, que es totalmente necesaria para poder llevar a cabo todos estos procesos en el marco de la gestión de los recursos", ha asegurado.
