El director general visita una explotación de ovino ecológico. - JCYL
BURGOS 6 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha resuelto la convocatoria de 2024 relativa a las ayudas ligadas a las intervenciones agroambientales por un montante que llega a los 28,5 millones de euros, repartido en cinco años, que percibirán 1.360 agricultores y ganaderos.
Con esta iniciativa, cofinanciada con Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (FEADER) dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (PEPAC) 2023-2027, se alcanza la cifra de 8.600 titulares de explotación adheridos a estos contratos plurianuales de desarrollo rural, medioambiente y clima, de los cuales 1.350 son directamente titulares de explotaciones ecológicas.
El director general de Política Agraria Comunitaria (PAC), Ángel Gómez, ha ofrecido los detalles de estas ayudas durante su visita a la explotación de ovino ecológico La Majada de Barcina, en Barcina de los Montes, Burgos, dedicada a la elaboración de queso y comercialización de lechazos.
Allí, el director ha explicado que las subvenciones se dirigen a aquellos profesionales del campo que se comprometen a realizar prácticas sostenibles en sus explotaciones y mantenerlas durante cinco años.
Entre ellas, se encuentra el cultivo agroindustrial sostenible (remolacha), el aprovechamiento forrajero extensivo mediante pastoreo con ganado ovino o caprino, la apicultura, los agroecosistemas extensivos de secano, la introducción a cultivos minoritarios, el abonado orgánico y la agricultura ecológica.
En el caso concreto de la remolacha, Ángel Gómez ha recordado, tal y como se comunicó a finales de la semana pasada, que la Junta de Castilla y León va a atender todas las solicitudes relativas a la incorporación a la ayuda agroambiental de este cultivo de la campaña 2024 con el objetivo de apoyar un cultivo que se considera estratégico para la Comunidad.
Por su parte, en cuanto a la ayuda al mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción, con el objetivo de aprovechar al máximo los fondos disponibles, las propias asociaciones de las razas amenazadas han actualizado sus censos y registros con el fin de resolver únicamente para aquellos animales que cumplan los requisitos. Esta circunstancia ha obligado a retrasar la resolución definitiva unos días.