VALLADOLID, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Agricultura y Ganadería pondrá a disposición de la Delegación del Gobierno información sobre las explotaciones agrarias y ganaderas de la Comunidad Autónoma que por sus características o inversiones pueden ser "objetivo potencial" de los delincuentes con el reto de evitar los robos que se están produciendo en el medio rural.
Este es el principal contenido del acuerdo suscrito este viernes entre la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, para la puesta en marcha del 'Plan especial de colaboración y coordinación sobre seguridad en el medio rural de la Comunidad Autónoma', el primero de estas características que se pone en marcha de forma conjunta en la Región para reforzar la seguridad en los pueblos y explotaciones agroganaderas.
Según ha explicado la consejera, la Junta facilitará a la Delegación del Gobierno información georeferenciada a través del sistema Sigpac para favorecer las labores de vigilancia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que permite identificar y visualizar "con claridad y precisión" la mayor o menor vulnerabilidad de las distintas zonas del territorio rural de la Comunidad, de las explotaciones que pueden ser objeto de robo o de cualquier otro tipo de daño y de las instalaciones e infraestructuras de riego en las zonas regables.
Clemente ha aprovechado la ocasión para agradecer la "sensibilidad" del nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León al tener en cuenta el valor y la capacidad que ofrece este sistema de información, que sólo de facilitará en relación con la seguridad de las explotaciones agroganaderas, y que en otras ocasiones "no ha sido atendido", según ha lamentado.
Tanto la consejera como el delegado del Gobierno han abogado por la necesaria colaboración y coordinación de los medios "tan importantes" de los que disponen ambas administraciones para reforzar la vigilancia en las zonas rurales de Castilla y León.
De este modo, la Delegación del Gobierno, a través de sus nueve subdelegaciones del Gobierno, y la Junta de Castilla y León, a través de las 127 unidades administrativas territoriales repartidas en las nueve provincias de la Comunidad, pondrán a disposición de los agricultores y de los ganaderos un 'Decálogo de Prevención de Seguridad en el Medio Rural' al que se sumará un folleto explicativo sobre la realidad, las características de los robos en el campo y los principales ejes de actuación de los cacos.
PRESENCIA "MÁS NOTORIA"
Por su parte, el general de la 12 Zona de Castilla y León de la Guardia Civil, Alfonso Santos, ha comprometido una "presencia más notoria" de la Benemérita en las "franjas y horarios más sensibles" en la comisión de robos, fundamentalmente en la noche, para lo que los efectivos se multiplicarán "como se pueda".
Alfonso Santos ha asegurado que la plantilla de la Guardia Civil en Castilla y León está "muy bien" con un nivel de cobertura "muy alto" lo que permitirá esa "notoria" presencia en toda la zona rural. "Cómo, me lo guardo, pero estaremos", ha aseverado el general de la 12 Zona de Castilla y León de la Guardia Civil que ha aprovechado la ocasión para hacer un llamamiento a la "colaboración" ciudadana "en algo en lo que debemos participar todos". "Toda colaboración es buena y a la Guardia Civil no le molesta ninguna llamada", ha sentenciado.
Otros de los ejes de actuación de este 'Plan especial de colaboración y coordinación sobre seguridad en el medio rural de Castilla y León' pasan por la máxima colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las Unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y por el apoyo sistemático a las unidades territoriales por las universidades de reserva, "que estarán situadas en las localidades próximas a zonas de especial incidencia".
Del mismo modo, el delegado del Gobierno ha recordado que el Ministerio de Interior trabaja en la modificación de la normativa legal para reforzar los controles en los establecimientos que se dedican a la compra-venta de materiales agrícolas, un cambio que podría estar listo "en un futuro inmediato".
Por su parte y ante la advertencia de los agricultores y de los ganaderos de que, tras coger a los presuntos ladrones, estos entran en la Comisaría por una puerta para salir por la otra, Ruiz Medrano ha reconocido que es necesaria una modificación reglamentaria de los hechos tipificados como falta o como delito. "Puede ser la solución", ha admitido al mismo tiempo que ha recordado que se trata de un asunto a estudio por parte del Ministerio de Interior, si bien significado la eficacia de los agentes de la Guardia Civil en su cometido.
Según sus datos, las infracciones registradas en Castilla y León cayeron un 1,53 por ciento en el primer trimestre del año con un total de 1.534 detenidos entre enero y marzo de 2012. "Castilla y León es una comunidad segura", ha asegurado Ruiz Medrano, que ha cifrado las infracciones en 32,8 por cada 1.000 habitantes, frente a un 48,4 de la media española y un 64,9 del resto de Europa.
No obstante, ha insistido en la necesidad de trabajar para seguir mejorando esos datos con el objetivo último de que no haya "ni una sola infracción o un delito en el territorio".
Clemente y Ruiz Medrano han recordado que Castilla y León es una comunidad autónoma "con una gran extensión" y zonas despobladas y rurales. La Comunidad cuenta con 104.000 explotaciones agropecuarias y 3.200 industrias agroalimentarias de las que el 60 por ciento se ubican en el medio rural.
Según ha recordado la consejera, en los últimos 5 años se han invertido más de 475 millones de euros en 71.000 hectáreas de nuevos regadíos y de modernización.
ENDURECIMIENTO DE LA LEY
Desde las organizaciones profesionales agrarias, sus responsables han aplaudido el Plan suscrito este viernes entre la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura y Ganadería pero han advertido de que puede ser "un esfuerzo inútil" si no se modifica con "urgencia" el Código Penal, una promesa electoral del PP, según ha recordado el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, que ha cargado contra el Gobierno por no haber llevado ese compromiso y por haber apostado por otras reformas que no estaban en su programa.
Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha advertido de que las cifras de delitos son mayores de las reconocidas oficialmente ya que la realidad es que muchos de los agricultores y de los ganaderos afectados no denuncian.
Desde la Alianza por la Unidad del Campo, Julio López, de UPA, ha recordado que está tipificado el delito de receptación por lo que ha exigido mayor control en las empresas que se dedican a la compra-venta de material agrícola. "Queremos respuestas del Gobierno que no tenemos", ha lamentado. Mientras tanto, Aurelio Pérez, de COAG, ha hecho un llamamiento a la "precaución" para que los agricultores no se lancen a los caminos para proteger sus explotaciones ya que se enfrentan, según ha advertido, a profesionales del robo, del hurto, de la confrontación y del enfrentamiento.
