La Junta y la Fiscalía firman una cuerdo para la formación continúa de fiscales y letrados de las consejerías

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena Cerdá, han suscrito este viernes un acuerdo de colaboración en materia de formación continua de los fiscales.

Carnero ha asegurado que este acuerdo "tiene por objeto abordar cuestiones jurídicas de actualidad y que son de interés para los fiscales" de la Comunidad y así ha apuntado se van a abordar temas relativos a la discapacidad, los menores, la protección del medio ambiente, la violencia de género, el patrimonio natural, el acoso escolar o también los relativos a las agresiones frente a empleados públicos.

A través de este convenio se articula la cooperación entre la Fiscalía General del Estado y la Administración de la Comunidad, por medio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y la Consejería de la Presidencia.

Jesús Julio Carnero ha reconocido "sin lugar a dudas" que es una colaboración para la Junta "importante" que se inició en 2017 y que ha dado lugar a diez acciones formativas a lo largo de este tiempo.

En estas acciones formativas se tratan temas que pueden resultar de interés para los fiscales de la Comunidad y junto a ellos participan letrados y personal de las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León, en función de la temática abordada.

Se pretende así dar cabida a los fiscales de la Comunidad en dichas actividades de formación, no solo beneficiándose de tal actividad formativa, sino también interviniendo de forma activa en la planificación de la programación de los cursos.

Asimismo, el convenio posibilita la participación de los fiscales en las actividades formativas que desarrolla la Consejería de la Presidencia en el marco del Convenio suscrito en materia de formación continua con el Consejo General del Poder Judicial para los jueces y magistrados.

Este mes de octubre se va a celebrar un curso de formación relativo a la contratación pública y sus posibles repercusiones penales y en noviembre otro sobre la ley relativa a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y a la posibilidad de devolución de dicha capacidad para estas personas en las reformas que se acometen en la legislación civil y procesal.