Junta incorpora discapacitados con dificultades especiales a su plantilla como aprendizaje para su futura inserción

EP

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta incorporará de inmediato a cuatro discapacitados intelectuales con dificultades especiales para acceder al mercado laboral, ya que su grado de minusvalía supera el 50 por ciento, a su plantilla dentro de un programa experimental a través de que se fomenta el aprendizaje de una labor acorde a su formación con el fin de lograr en el futuro su inserción en el mercado de trabajo y se facilite, de este modo, la preparación de oposiciones.

Los consejeros de Administración Autonómica y de Familia, Isabel Alonso y César Antón, rubricaron hoy un acuerdo con el vicepresidente de (CERMI), Francisco Sardón, para poner en marcha este programa que, en principio, tendrá una vigencia de dos años y a través del que los beneficiarios permanecerán 6 meses trabajando en la administración, una duración que es ampliable como máximo a otros 6 con el fin de lograr su familiarización con el entrono laboral.

Se pueden adherir al programa discapacitados intelectuales con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por ciento y a discapacitados físicos igual o superior al 75 por ciento. Así, en el caso de la primera fase del proyecto pasarán a formar parte del personal laboral de la Junta cuatro personas con Síndrome de Down y con formación como auxiliares administrativos, de ellas dos realizarán su labor en la consejería de Administración Autonómica y otras dos en Presidencia.

Asimismo para favorecer la integración laboral de los trabajadores se desarrollarán actividades de sensibilización de los empleados públicos sobre los derechos de las personas con discapacidad, la heterogeneidad de las formas de discapacidad y las formas de discriminación a las que se enfrentan. Los trabajadores podrán contar con el apoyo de profesionales especializados para facilitar su adaptación social y laboral.

Como explicó la consejera de Administración Autonómica la puesta en marcha de este programa tiene con objetivo principal avanzar en la integración laboral del colectivo, por lo que se concibe como paso previo para acercarse a la realidad del trabajo, un aspecto "fundamental" para la mejora de la calidad de vida.

"Se trata de una medida más dentro del paquete de discriminación positiva que permite el acceso, la adaptación a los puestos y la contratación temporal", señaló Alonso, ya que sólo el cinco por ciento de las personas con este porcentaje de discapacidad trabajan actualmente.

Por su parte, el consejero de Familia incidió en la necesidad de hablar de la "normalización social" de estos discapacitados y reiteró que el paso principal para su integración es contar con un puesto de trabajo. Para Antón este primer paso supone un paso "importante" para que el acceso al trabajo en la administración sea una realidad y consideró que esta acción puede ser el primer paso para presentarse a una oposición.

El vicepresidente de CERMI, Francisco Sardón, insistió en que la "vía natural" de inserción social es el trabajo, aunque reconoció la existencia de personas con "especiales dificultades" que necesitan un acceso "fluido" al mercado de trabajo.

EL PROGRAMA

El programa se enmarca en Plan Estratégico de Modernización de la Administración y en el Acuerdo Marco, suscrito con las organizaciones sindicales, para la reforma y modernización de la administración que recogía la puesta en marcha de medidas para facilitar el acceso al empleo público a las personas afectadas de una discapacidad. En este sentido, la Junta aprobó el Decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en al Administración que contempla la puesta en marcha del programa experimental que hoy se ha presentado.

Además de esta medida, el Decreto recoge otras referentes a la prioridad de llamada en las bolsas de empleo temporal, las convocatorias específicas, la adaptación de puestos y la formación.

La normativa recoge que el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual para el ingreso en la administración y para los procesos selectivos de promoción interna tendrá un cupo como mínimo de reserva del 10 por ciento para las personas con discapacidad, el doble de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.