VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha iniciado las actuaciones administrativas para la revisión de oficio de la orden que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2014 que resuelve el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento y la Administración regional.
Según ha señalado el director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta, Ángel Marinero, los tribunales han determinado que el procedimiento a seguir para subsanar las diferencias en el texto del PGOU publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con el aprobado por orden de la Junta de 18 de agosto de 2003 debía ser el de revisión de oficio y no el de corrección de errores materiales.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló con una sentencia de febrero de 2011 la orden que aprobó la Junta por solicitud del Ayuntamiento de la capital vallisoletana para corregir los "errores materiales" en nueve artículos y dos planos del citado plan urbanístico.
Como ha explicado Marinero, existían las opciones de esa corrección de errores o la revisión de oficio por parte de la Junta y, en su momento, se optó por la primera a propuesta del Consistorio. "Pensamos que era lo correcto", ha justificado el director general, quien ha afirmado que la postura de la Administración regional siempre ha sido hacer la revisión de oficio si así lo estimaban los tribunales.
En definitiva, a juicio de Marinero, este procedimiento que inicia ahora la Consejería de Fomento persigue "el mismo fin" como es, ha recalcado, que el PGOU de Valladolid sea conforme al que se aprobó en su día por parte de la Junta.
El procedimiento se remonta al recurso Contencioso-Administrativo presentado en 2009 por el Grupo Municipal Socialista de Valladolid, cuyos representantes han considerado, en una primera valoración, que esta última sentencia del Supremo ratifica que la modificación de los artículos y planos del PGOU fue una "manipulación".
Cabe recordar que de este procedimiento ha derivado la imputación por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, a un total de 12 personas físicas y cuatro empresas.
Entre ellos figura el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca; el secretario municipal, Valentín Merino Estrada; el arquitecto Luis Álvarez Aller o el exjefe del Área de Urbanismo Modesto Mezquita. Asimismo, existen recursos de la Fiscalía de Valladolid y la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado' para la imputación en el caso del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y el actual edil de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez.
