VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismod e la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha recibido el traspaso de la presidencia de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos que forma parte del Consejo Superior Geográfico.
Según han informado fuentes de la Consejería en un comunicado, durante esta semana se ha producido un encuentro entre los representantes del Instituto Geográfico Nacional y la Dirección General para formalizar el traspaso de la dirección de este órgano cuya principal función es establecer criterios toponímicos sobre selección y tratamiento de las denominaciones incluidas en el Nomenclátor Geográfico Nacional.
Se trata de un órgano colegiado en el que participan la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, así como universidades, academias de las lenguas y otras instituciones relacionadas con la toponimia.
Entre sus objetivos también figura un registro dinámico de información que recoge las denominaciones oficiales referenciadas geográficamente que deben utilizarse en la cartografía oficial, informar sobre las denominaciones de los nombres geográficos y la naturaleza de las entidades geográficas, como órgano consultivo para instituciones públicas y privadas; fomentar la coordinación y cooperación con los organismos competentes en nombres geográficos de las comunidades autónomas y del Estado, para contribuir a la normalización y oficialización de los nombres geográficos en España, de acuerdo con las Recomendaciones de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la Normalización de los Nombres Geográficos.
La normalización y oficialización de nombres geográficos, según han señalado las mismas fuentes, "tiene mayor importancia de la que en un principio pudiera pensarse". La búsqueda y localización de cualquier elemento del territorio debe poder realizarse de forma inequívoca mediante el uso de bases de datos informáticas.
La localización en caso de emergencias, el turismo rural o medioambiental, la identificación agraria, forestal o catastral, o la elaboración de cartografía básica, son algunos de los ámbitos en los que una toponimia normalizada y oficializada resulta necesaria. Esta cuestión "resulta aún más determinante en aquellos lugares en los que se dispone de más de una lengua oficial, o que por su proximidad se vea influenciado por ellas".
El órgano propone la normalización y oficialización de nombres de entidades geográficas comunes a dos o más comunidades autónomas, en coordinación con los organismos afectados y contribuye también a la difusión de la toponimia oficial y normalizada, así como a la investigación sobre nombres geográficos con el fin de impulsar el valor de la toponimia como patrimonio cultural.