El objetivo de la normativa es proporcionar a los ciudadanos en situación de exclusión los medios para cubrir sus necesidades básicas
VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó hoy el Proyecto de Ley por el que se regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, un "derecho subjetivo" concebido como última red de protección respecto a cualquier prestación y cuyos beneficiarios recibirán cuantías que oscilarán entre los 425 y 692 euros.
El consejero de Familia, César Antón, quien compareció junto al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, informó de este acuerdo cuyas bases fueron establecidas por Junta, sindicatos y patronal en el marco del Diálogo Social el pasado 28 de diciembre.
El acuerdo detalla las características y los beneficiarios de esta prestación social periódica de carácter económico, cuyo objetivo principal es proporcionar a los ciudadanos en situación de exclusión social los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas y que supondrá una inversión anual de entre 21 y 35 millones de euros.
La Renta Básica de Ciudadanía sustituirá al Ingreso Mínimo de Inserción y supondrá un incremento en las cuantías que recibirán los actuales preceptores del mismo, ya que fija como cuantía básica mensual de la prestación el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 425,6 euros al mes, una cantidad que se verá incrementada según las cargas de las unidades familiares, por lo que se podrá alcanzar un máximo de 692,3 euros al mes, lo que supone el 130 por ciento del IPREM.
Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y 10 por ciento por el tercero y siguientes.
De este modo, Antón destacó que este Proyecto de Ley ha sido elaborado por la Junta de forma participada y su contenido es fruto del consenso establecido en el marco del Diálogo Social, al tiempo que incidió en que el Gobierno regional ha presentado el proyecto en "tiempo récord", por lo que confió en que su trámite parlamentario sea también ágil, tal y como pidieron en diciembre los agentes económicos y sociales.
El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como "la última red de protección", de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción.
Como señaló Antón el proyecto propone una acepción más "amplia y novedosa" del concepto de exclusión social, ya que, en lugar de referirse tan sólo a los tradicionales procesos individuales de marginación, se extiende a la condición más objetiva de ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado.
En este contexto, el proyecto clasifica las situaciones de exclusión social en estructurales, con origen en factores sociales, y coyunturales, aquellas que suponen una dificultad de naturaleza exclusivamente económica. Asimismo, el proyecto otorga a la Renta la consideración de familiar, esto es, la consideración de beneficiarios tanto a su titular como a los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia.
Podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España.
Para costear este gasto el Presupuesto de la Comunidad cuenta con una partida de 27 millones de euros en 2010 que podrá ampliarse en el caso de ser necesario a través del crédito, así, como explicó Antón, en la actualidad reciben el IMI 2.914 personas, así, durante el pasado año se beneficiaron de este ingreso 2.748 personas, lo que supuso un importe total de 13.8 millones..
PROYECTO INSERCIÓN
El proyecto de Ley contempla la "contribución activa, comprometida y responsable" de los destinatarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía para superar la situación de exclusión social.
Para lograr superar esta situación se elaborará un proyecto individualizado de inserción. Se trata de un itinerario programado para alcanzar la integración social y contiene las obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante.
La Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León será la encargada de la gestión de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, mediante equipos multidisciplinares para la determinación de las diferentes situaciones y con la colaboración de las corporaciones locales competentes, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) y otros órganos de la Administración de Castilla y León.
Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento de la Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, adscrita a la consejería competente en materia de Servicios Sociales. Esta Comisión llevará a cabo el seguimiento general de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la evaluación de sus resultados y la propuesta de actuaciones de mejora general de la prestación, velando por la consecución de sus objetivos en el marco de la planificación de acciones frente a la exclusión social.
Las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía se determinarán mediante un reglamento.
BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la Renta serán las unidades familiares que carezcan de recursos para cubrir sus necesidades básicas, así la podrán solicitar los castellanoleoneses con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años con la condición de asumir el compromiso de cumplir el programa individual de inserción que se establezca, en todo caso, podrán conseguir la prestación los mayores de 65 que ostenten la condición de emigrante retornado y no puedan acceder a una pensión.
Los titulares deberán estar empadronados en Castilla y León y con residencia legal en algún municipio de la Comunidad al menos con un año de antelación a la presentación de la solicitud, algo que no será exigible en el caso de los emigrantes castellanoleoneses retornados de otros países y las mujeres víctimas de violencia de género.
Los beneficiarios no deberán estar percibiendo en el momento de la solicitud cualquier otra prestación con cargo a las administraciones públicas a excepción del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que será sustituido por la Renta en un plazo de tramitación de tres meses en cada caso. No obstante, cuando la solicitante tenga condición de víctima de violencia de género y sea beneficiaria del programa de Renta Activa de Inserción (RAI) tendrán derecho a percibir los complementos por cada miembro de la familia a su cargo en los términos del acuerdo.
Además, tampoco podrán optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía quienes residan en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas a prestar a sus miembros la asistencia necesaria para atender las necesidades básicas de subsistencia a excepción de casas de acogida por maltrato, indomiciliados y jóvenes que hayan estado bajo la guarda de la administración.
