Más de 250.000 ciudadanos se ahorrarán 24,6 millones con "ambiciosas" medidas de simplificación burocrática

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 250.000 ciudadanos de Castilla y León se ahorrarán 24,6 millones de euros con las medidas de digitalización, automatización y supresión de trámites duplicados o ineficaces contempladas en las nuevas Directrices para la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia aprobadas este jueves en el Consejo de Gobierno.

Además, este "ambicioso" acuerdo prevé un ahorro de más de 1,3 millones de euros para la Administración autonómica y de más de 66.000 euros para las entidades locales, los tres ejes a los que afectan las nuevas medidas que afectarán a cerca de 300.000 expedientes. Por su parte, la puesta en marcha de las nuevas directrices supondrán un coste de 588.000 euros.

En concreto y según ha detallado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, el nuevo acuerdo contempla la puesta en marcha de 54 medidas que involucran a todas las consejerías y que están divididas en dos categorías, 40 de carácter normativo que exigirán la modificación de 14 decretos, un acuerdo, 21 órdenes de consejería y una resolución, y el resto de carácter organizativo con 14 directrices.

Las nuevas directrices supondrán la aprobación de un nuevo Decreto de la Consejería de la Presidencia para regular la selección del personal funcionario y laboral en régimen de interinidad para unificar la presentación electrónica de solicitudes.

González Gago ha augurado que esta medida supondrá un ahorro estimado para los interesados de más de 934.000 euros al año "al eliminar los desplazamientos físicos, reducir los costes materiales, y evitar potenciales errores burocráticos que pudieran ocasionar la pérdida de convocatorias con la consiguiente pérdida de las tasas".

Otro de los ejemplos destacados por el consejero es la exención, a través de Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, de las autorizaciones previa y de construcción a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia en viviendas y pequeñas empresas. En este caso, ha precisado, se estima un ahorro de 165.000 euros al año para los propietarios "que verán muy aligerado este procedimiento".

En cuanto a las medidas de carácter organizativo, ha anunciado que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio elaborará un modelo único para la presentación de los informes anuales de actividades ganaderas con autorización ambiental, que previsiblemente supondrá un ahorro de 348.000 euros anuales a los propietarios de las explotaciones.

"Este ahorro provendrá, por ejemplo, de la reducción de costes de contratación de consultoras para cumplir un trámite que hasta ahora podía ser técnica o jurídicamente complicado para muchos propietarios", ha explicado.

Finalmente, el consejero ha anunciado una nueva aplicación para los expedientes de las Comisiones Territoriales de Patrimonio y de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León con criterios de actuación homogéneos "que facilitarán la presentación digital de toda la documentación y que supondrá un ahorro estimado de 308.000 euros a los interesados".

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL FINALIZAR

En el ámbito temporal 30 de las 54 medidas de simplificación y reducción de la burocracia se implantarán antes de que termine 2025 y las otras 24 en 2026. González Gago ha informado al respecto de que una vez finalizado el plazo la Junta evaluará el cumplimiento de todas e impulsará, en su caso, un nuevo paquete de medidas.

El consejero ha asegurado que se trata del acuerdo "más ambicioso y grande" adoptado por la Junta para la simplificación administritiva y para la reducción de la burocracia "y, seguramente, uno de los principales de toda España" con el objetivo de mejorar y facilitar las relaciones de los ciudadanos, de las empresas, de las entidades y asociaciones con la Administración autonómica.

Y ha explicado por último que el Acuerdo responde al proceso de diálogo con los representantes de la sociedad civil y cumple, además, el mandato de las Cortes del 27 de marzo que instaba a la Junta a aprobara lo largo de 2025 un nuevo Acuerdo para simplificar y reducir la burocracia, fomentar la actividad económica y la seguridad jurídica, y avanzar hacia una gestión más ágil y eficiente.