VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones no gubernamentales (ong) han pedido a la Junta de Castilla y León que se intensifique la vigilancia y se mejore la respuesta legal en todo lo que se refiere a la lucha contra el veneno en el marco del Plan de Acción que se prepara en la Comunidad.
Así se han expresado las organizaciones conservacionistas, 15 de las cuales se han reunido con el director general del Medio Natural de la Junta, José Ángel Arranz, quien se ha comprometido a aprobar el Plan de Acción contra el veneno en el próximo mes de marzo, según un comunicado de SEO Birdlife recogido por Europa Press.
Entre las prioridades de la lucha contra el veneno, las ong han pedido la intensificación de la vigilancia y la mejora en la respuesta legal y esperan que los compromisos que figuren en el Plan se transformen en hechos ya que Castilla y León "encabeza el listado de casos de envenenamiento en España para varias especies amenazadas".
La Comunidad, han indicado las organizaciones no gubernamentales, cuenta con el mayor índice de muertes por veneno en España de rapaces como el milano real y el alimoche y tiene además un número "muy significativo" de casos de envenenamiento de osos, lobos, cigüeñas negras, buitres negros o águilas imperiales, entre otras muchas especies.
Las ong solicitaban recientemente la aprobación urgente del Plan de Acción contra el Veneno en la región y la inclusión de medidas concretas y eficaces, que ya han probado su validez en otras comunidades autónomas. La puesta en marcha del Plan debería servir para prevenir, detectar y sancionar los numerosos casos --"muchas veces reiterados"-- de uso ilegal de veneno en cotos de caza o zonas ganaderas.
Según las organizaciones, el director general del Medio Natural ha confirmado a los grupos que el Plan estará aprobado antes de finales de marzo y que aspectos como la posibilidad de creación de patrullas caninas o la especialización de agentes quedarán recogidos en él, como solicitan estas ong.
POSIBLES PATRULLAS PROPIAS
Sobre el desarrollo de patrullas caninas antiveneno, la Dirección General ha manifestado que cuenta con el ofrecimiento de colaboración del equipo canino del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), con sede en Madrid, y se ha comprometido a valorar, en función de las necesidades, la creación de patrullas propias de la Junta de Castilla y León.
Las ong han insistido en la necesidad de dotarse de equipos propios, la considerar el tamaño de la región y las experiencias de otras comunidades autónomas. También han sugerido que se consideren otras opciones como compartir el uso de equipos caninos con comunidades limítrofes que ya disponen de ellos, como es el caso de Asturias o Aragón, para optimizar los recursos.
Otro aspecto importante tratado en la reunión ha sido la aplicación por vía administrativa de sanciones y medidas cautelares o recuperadoras en casos de uso de veneno, que según las ong es insuficiente en la actualidad, sobre todo si se compara con el gran número de casos producidos.
Las organizaciones celebran a este respecto el éxito que supone que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya confirmado en 2012 dos suspensiones de actividad en cotos de caza tras episodios graves de envenenamiento. La decisión del alto tribunal certifica que el procedimiento ha respetado la legalidad. Las ong han pedido a la Junta a que siga esa línea "sin someterse a las presiones" de ciertos cazadores o de la Federación Regional de Caza.
Finalmente las ONG han exigido que se mantengan y mejoren recursos básicos esenciales en la lucha contra el veneno como el mantenimiento de veterinarios expertos para elaborar los informes periciales de fauna intoxicada o la dotación para los análisis toxicológicos.
"Los grupos los recortes de presupuestos no pueden justificar que una región tan extensa exista un solo veterinario contratado para atender a la fauna amenazada y atender las necropsias sobre especies afectadas por el veneno", han indicado.
Excepto ésta última, la mayoría de las acciones propuestas por las ong como mejoras al problema, no suponen un coste económico, por lo que los recortes presupuestarios "no pueden servir de excusa para no llevarlas a cabo", han añadido.
