Cuatro de lo cinco acusados detenidos en su día en la 'Operaciòn Tentaciones' ocupan el banquillo de la Audiencia de Valladolid, - EUROPA PRESS
VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Dos agentes de la Policía Nacional que en su día actuaron como instructores-secretarios de la 'Operación Tentaciones', la misma que concluyò en Valladolid en noviembre de 2022 en la desarticulación de una supuesta organización criminal dedicada a captar en Paraguay a mujeres para explotarlas sexualmente en la capital, han sostenido que la presunta cabecilla, Lorenza C.P, alias 'Lorena' o 'Nicole', pese a no justificar actividad laboral alguna, llegó a aflorar unos beneficios de 185.966 euros en sus distintas cuentas bancarias que los investigadores atribuyen a su actividad delictiva.
Así lo han certificado ambos testigos en la primera de las tres sesiones previstas en la Audiencia de Valladolid, donde a lo largo de toda la mañana ha sobrevolado la posibilidad de una nueva suspensión con motivo de la incomparecencia de la principal encausada, la ciudadana paraguaya Lorenza C.P, en la actualidad en busca y captura--se la sitúa en Brasil--tras haber sido declarada en rebeldía por el tribunal.
Aunque en marzo esta circunstancia obligó a la Sala a suspender la vista, en esta ocasión el tribunal no ha acogido de nuevo la solicitud de suspensión formulada por los abogados de los cuatro comparecientes. Todos ellos han invocado de forma unánime la vulneración de los derechos de defensa de sus clientes al entender que la gravedad de las penas solicitadas exige poder contar con el testimonio de la declarada en rebeldía, al tiempo que han reforzado su petición ante el hecho de que numerosos testigos no han podido ser localizados e incluso parte de las víctimas, cuya declaración en su día como prueba preconstituida entienden que no puede ser reproducida ahora en sala porque ello impediría someter sus testimonios a contradicción.
Finalmente, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial ha acordado iniciar juicio contra cuatro de los encausados y ha abierto pieza separada para enjuiciar en su día a Lorenza, una vez que sea localizada y detenida, al tiempo que ha pospuesto para el momento de dictar sentencia la resolución de otra serie de alegaciones planteadas por los defensores, entre ellas la impugnación de los 'pinchazos' telefónicos y el volcado de los dispositivos móviles de algunos de los acusados.
Solventada la fase de cuestiones previas, los primeros en prestar declaración han sido los dos agentes de la Policía Nacional que actuaron como instructores-secretarios de la investigación y que, en declaraciones recogidas por Europa Press, han mantenido la participación en los hechos de Lorenza, como supuesta 'cabecilla'; Javier R.A, pareja sentimental de la anterior encargado de suministrar la 'coca', así como de la prima de la primera, María Ángela P.G, alias 'Vanessa', quien presuntamente llevaba el control total de la actividad desplegada en una piso de la Avenida de Burgos de Valladolid, y de los otros dos ocupantes del banquillo, Mirta G.G. y Hugo Javier A.A, en ambos casos en labores de captación de las chicas.
Los dos agentes han explicado que fue la denuncia inicial de una de las jóvenes, durante una inspección rutinaria, a la que se sumaron más tarde las de otras tres supuestas víctimas lo que permitió centrar la investigación en el presunto grupo criminal. Según su testimonio, habían sido captadas en Paraguay, con motivo de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban, y aunque en la mayoría de los casos sabían que venían a España para ejercer la prostitución, en ningún caso podían imaginar las medidas de control, hasta la casi semiesclavitud, que tendrían que soportar tras contraer una deuda por el billete de avión que tendrían que saldar con servicios que les eran impuestos por los acusados.
EN LITERAS EN UNA MISMA HABITACIÓN
"Se les debía que iban a ganar mucho dinero para poder mantener a sus familias", ha explicado una policía nacional, quien ha apuntado que una vez en España eran informados de que un 50 por ciento de las ganancias era para la organización y la otra mitad para condonar la deuda contraída, a través de su explotación sexual con una disponibilidad absoluta, apenas unas horas para poder abandonar el piso tras recibir el permiso oportuno, y compartiendo cuatro o cinco chicas una misma habitación dotada de literas. El resto de las habitaciones estaba reservado a la prestación de sexo.
Pero además, los dos instructores del atestado policial han denunciado que el piso contaba con cámaras de videovigilancia para controlar lo que las chicas hablaban con los clientes, a los que además de sexo también se les ofrecía, como servicio complementario, la posibilidad de consumir cocaína. De hecho, han explicado que en los anuncios para adultos donde se publicitaba a las víctimas, a las que se habían hecho fotos en poses sugerentes, también se utilizaban determinados códigos del tipo 'Fiesta Blanca' para hacer referencia a ese posible consumo de sustancias.
Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional concluyeron el 24 de noviembre de 2022 en la explotación de la 'Operación Tentaciones', tras conocer los investigadores que la prima de la principal acusada tenía previsto regresar a su país. Fue entonces cuando se efectuaron registros en el piso de la Avenida de Burgos de Valladolid y en el chalé de Lorenza en Santovenia de Pisuerga, con la incautación en ambos inmuebles de distinta sustancias.
En el próstibulo, los agentes hallaron la cocaína, varios 'pollos', en la habitación-despacho que ocupaba María Ángela ('Vanessa'), a la que los investigadores sostienen que Lorenza había puesto a cargo del mismo en su intento de pasar a "un segundo plano y quedar un poco a la sombra" tras llegarle rumores de que podía estar siendo investigada. A partir de entonces, su prima, siempre según la tesis policial, además de ejercer también la prostitución, pasó a encargarse del control total de toda la actividad que se desarrollaba en el inmueble.
DIEZ MIL EUROS MENSUALES "LIMPIOS" PARA LORENZA
Aunque a Lorenza no se le conoce actividad laboral alguna, el rastreo de sus distintas cuentas bancarias permitieron descubrir movimientos a su favor por importe de 185.966 euros, "a razón de 10.000 euros mensuales limpios, con la particularidad de que las mayores entradas de ingresos coinciden con momentos de máxima ocupación de víctimas en el piso de la Avenida de Burgos", han advertido los dos policías instructores.
Ambos agentes también han incriminado directamente a su entonces pareja sentimental, Javier R.A, trabajador de una distribuidora de libros pero que, en realidad, era el encargado, presuntamente, de proveer al prostíbulo de cocaína que adquiría a un vecino suyo, y también a los otros dos acusados, Mirta G.G. y Hugo Javier A.A, ambos en labores de captación de víctimas por las que cobraban sus respectivos honorarios.
De Mirta, los agentes han advertido de que incluso captó a familiares directos suyos, mientras que a Hugo Javier le imputan la captación de una joven en Paraguay a la que trajo engañada para una oferta de trabajos de limpieza que la víctima, una vez trasladada al piso, comprobó que no era otra que la obligación de vender su cuerpo hasta saldar la deuda por su viaje.
El juicio está previsto que concluya el próximo viernes. La mayor de las penas recae sobre Lorenza, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, mientras que su prima, María Ángela, podría ser condenada a 25 años. Para los otros tres acusados, Mirta, Hugo Javier y Javier, la acusación pública interesa condenas de 18 años, diez años y tres meses y ocho años de cárcel, respectivamente.