VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
El conjunto de los órganos judiciales en Castilla y León registró durante el segundo trimestre de 2019 un total de 69.180 asuntos, 3.6561 menos (-5,01%) que los 72,831 ingresados en el mismo periodo de 2018.
En este segundo trimestre del presente año se resolvieron 69.875 asuntos en la Comunidad, frente a los 71.553 de 2018, mientras que al final del trimestre quedaron en trámite un total de 100.994 asuntos, por los 97.876 del año anterior.
Estos y otros datos se incluyen en el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2019, difundido hoy por el Consejo General del Poder Judicial.
Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, en la jurisdicción Civil ingresaron 28.554 asuntos, por debajo de los 29.856 del segundo trimestre de 2018. En esta jurisdicción se resolvieron 28.945 asuntos (29.364 en 2018) y quedaron en trámite 56.114 (53.402 en2018).
En la jurisdicción Penal tuvieron entrada 33.076 asuntos, por debajo de los 34.862 en 2018. el número de asuntos resueltos ascendió a 32.920, frente a los 34.862 en el mismo periodo de 2018. Finalmente, quedaron en trámite 29.458 asuntos, algo más de los 28.712 del año anterior.
En los juzgado de lo contencioso administrativo entraron 2.197 nuevos asuntos, cuando en 2018 lo hicieron 2.249. Se resolvieron 2.571 (2.287 en 2018) y quedaron en trámite 5.228 asuntos (4.824 en el mismo periodo de 2018).
En la jurisdicción Social han ingresado 5.353 asuntos, frente a 5.926 en 2018. Los resueltos se situaron en 5.439, mientras que el año anterior fueron 5.040. Por último, quedaron en trámite 10.194, cuando en 2018 quedaron 10.935.
BAJA TASA DE LITIGIOSIDAD EN CYL
Los datos recogidos en el informe muestran que la tasa de litigiosidad en el conjunto de España se ha mantenido en niveles muy similares a las de hace un año. En el segundo trimestre de 2019, ha sido de 33,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, mientras que en el segundo trimestre de 2018 fue de 33,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.
En el caso de Castilla y León, dicha tasa se situó en el 28,8 por ciento, porcentaje muy alejado de comunidades como Canarias (42,5), Andalucía (37,9), Baleares (35,8), Asturias (35,4) y Murcia (34,3). Las de menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja (22,4), País Vasco (25,3) y Navarra (25,6)
